Un flagelo que frena la economía regional

El delito de extorsión y las amenazas directas continúan representando uno de los desafíos más críticos para la seguridad y la estabilidad económica en el sur de Veracruz. A pesar de las capturas de presuntos generadores de violencia reportadas por las fuerzas del orden en los últimos meses, municipios clave como Coatzacoalcos, Acayucan y Cosoleacaque se mantienen en alerta ante una constante actividad delictiva dirigida contra el sector comercial.

El recuento de agresiones en lo que va del año evidencia la vulnerabilidad de los establecimientos locales. En enero pasado, el restaurante “El Calamar” en Coatzacoalcos sufrió un atentado con artefactos explosivos de fabricación casera (bombas molotov) que provocaron el incendio parcial de sus instalaciones; semanas después del anuncio de su cierre definitivo, el negocio logró reanudar operaciones.

A este historial se suman hechos recientes, como la agresión por extorsión a un locatario del mercado municipal de Acayucan y el reciente atentado a balazos ocurrido el pasado 21 de mayo en agravio de la conocida taquería “El Cubanito”, ubicada en Coatzacoalcos y que actualmente se encuentra bajo resguardo policial.

La cifra negra: El miedo frena la estadística

El director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC), Renato Riveroll Rivera, reconoció que medir el impacto real de este fenómeno es sumamente complejo debido al justificado temor de las víctimas a sufrir represalias, lo que genera una alta “cifra negra” de eventos que no quedan asentados de manera formal ante las agencias del Ministerio Público.

“Es un delito complicado de medir porque mucha gente, por miedo, no denuncia ni reporta lo que ocurre, pero las situaciones continúan presentándose en la región”, advirtió el especialista.

No obstante, Riveroll Rivera reveló un indicador clave: gracias a los canales de vinculación con las corporaciones preventivas, la Policía Cibernética —a través de la Policía Municipal de Coatzacoalcos— ha logrado intervenir y brindar asesoría en más de 40 casos vinculados estrictamente a extorsiones y modalidades de engaño telefónico dentro de la demarcación.

El llamado al acompañamiento institucional

El titular del organismo ciudadano enfatizó que, si bien existen estrategias articuladas por los tres niveles de gobierno para contener la delincuencia organizada, la participación ciudadana mediante el reporte formal es la única vía legal para que las autoridades integren carpetas de investigación sólidas y ejecuten órdenes de aprehensión contra estas redes delictivas.

Para incentivar este proceso, el Observatorio Ciudadano reiteró que mantiene activos sus protocolos de apoyo integral. “Acompañamos a las víctimas a presentar sus denuncias correspondientes ante la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) y ante la Fiscalía General del Estado; el objetivo es brindar orientación jurídica y acompañamiento seguro para que la población no esté sola”, concluyó.

Finalmente, el organismo advirtió que la ausencia de denuncias y la persistencia de las amenazas no solo dificultan el actuar de la justicia, sino que siguen empujando a decenas de emprendedores locales a tomar la dolorosa decisión de bajar las cortinas de sus negocios o, en casos extremos, abandonar la región para salvaguardar la integridad de sus familias.