Postura firme: “No voy a acudir”
La tensión entre Coatzacoalcos y la zona serrana ha escalado a niveles legales. Tras la amenaza del Comisariado Ejidal de Tatahuicapan de cerrar las válvulas de la presa Yuribia si no se cumplen sus exigencias económicas, el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García fue tajante: no cederá ante lo que calificó como una acción delictiva.
“El sabotaje es un delito, yo creo en el Estado de Derecho… No, no voy a acudir”, sentenció el munícipe, cerrando la puerta a participar en una reunión condicionada por el amago de dejar sin agua a más de 300 mil habitantes.
Autonomía presupuestal vs. Exigencias de la sierra
Rosaldo García aclaró que los ayuntamientos no tienen la facultad jurídica ni la capacidad financiera para otorgar apoyos económicos directos a otros municipios, subrayando que cada demarcación es responsable de su propio ejercicio presupuestal bajo la vigilancia de la Federación y el Estado.
“Yo creo que la gente que hizo el comunicado está mal informada. Las acciones que se cometan en términos del ejercicio presupuestal de los diferentes ayuntamientos son responsabilidad total y autónoma de cada uno”, explicó el alcalde.
El escenario: ¿Un Coatzacoalcos sin agua?
Esta respuesta institucional pone a la ciudad en una situación de alerta máxima. Mientras el alcalde defiende la legalidad y la autonomía municipal, el grupo ejidal en la sierra mantiene su postura de presión. De concretarse el cierre, Coatzacoalcos dependería totalmente del “Plan B” que incluye la batería de pozos y el operativo de pipas que la CMAS ya comenzó a desplegar.
La administración municipal reiteró que no se puede negociar fuera de los marcos legales y que cualquier afectación a la infraestructura hidráulica estratégica será turnada a las autoridades correspondientes como un atentado contra la seguridad de la población.
