Versiones que circulan en el ámbito judicial apuntan a que Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), estaría impulsando, junto con Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tendrían como efecto ampliar o facilitar su permanencia en las presidencias que actualmente ocupan.

Un nuevo frente comienza a abrirse dentro del Poder Judicial de la Federación.

Versiones que circulan en el ámbito judicial apuntan a que Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), estaría impulsando, junto con Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tendrían como efecto ampliar o facilitar su permanencia en las presidencias que actualmente ocupan.

La reforma judicial constitucional estableció un nuevo diseño para el Poder Judicial y fijó las bases conforme a las cuales deben ejercerse y renovarse sus órganos de dirección. La legislación secundaria debe reglamentar esas disposiciones, pero nunca utilizarse para alterar o socavar aquello que deriva del mandato constitucional. Cosa que en la ‘4T’ es costumbre.

Dicho de otra manera: no puede reformarse una ley para contradecir o darle la vuelta a la Constitución.

La maniobra resulta especialmente delicada en el caso de la Suprema Corte –inhale y exhale–,pues el nuevo diseño prevé una presidencia que se rota de tiempo en tiempo y existe una norma constitucional que está contrapuesta a otra del mismo rango y que permite renovar la presidencia de la Corte conforme a los resultados de la elección judicial. En este escenario, la sucesión colocaría como próxima presidenta de la Corte a la ministra Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en la votación y que para nada ha escondido su ideología, prejuicios y ferocidad en contra de los empresarios y todos aquellos que no estén alineados con la parte más radical del “movimiento” y/o los intereses de su hermano Martí.

¿No les basta ese frente?

Fuentes de primera mano nos dicen que Néstor Vargas también tiene interés en asegurar su continuidad al frente del OAJ, organismo que administra una parte fundamental de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial, además de controlar las adscripciones e integraciones de los juzgados y tribunales federales. O sea, controlan el dinero y la estabilidad familiar y laboral de jueces y magistrados. Tienen el poder de mandar de un plumazo a un juez rebelde de Guadalajara a Nuevo Laredo.

Y esta discusión llega, por lo mismo, llena de cuestionamientos. Es de psiquiatra cómo aspiran a cargos temporales y lo primero que buscan es cómo quedarse más allá de lo que la ley permite.

Desde su instalación, el OAJ ha estado rodeado de versiones sobre enfrentamientos internos, movimientos de personal, ascensos cuestionados y una creciente concentración de poder alrededor de su presidente.

Ahí está, por ejemplo, lo ocurrido en el área de la consejera Catalina Ramírez Hernández. Uno de los casos más comentados internamente es el de Juan Carlos Cruz Castañeda, quien se desempeñaba como chofer de la consejera y, según las versiones existentes, con el aval de Néstor Vargas fue promovido a coordinador, pasando de una percepción aproximada de 23 mil pesos a una cercana a los 90 mil pesos mensuales. Leído lo anterior, la pregunta que salta es: ¿qué méritos, experiencia y requisitos profesionales justificaron semejante ascenso?

Pero no sería el único episodio que merece explicación.

En esa misma área han circulado señalamientos en torno a Jackeline Ángeles Cruz y quien fuera su esposo, Frank Olvera. Según esas versiones, después de la salida de Cora Luz Saldaña Sixto, Olvera habría ocupado primero una secretaría técnica y posteriormente habría ascendido a una coordinación, con el correspondiente incremento salarial.

También se ha comentado internamente que la relación matrimonial entre ambos terminó posteriormente. Desde luego, un divorcio pertenece estrictamente a la vida privada de las personas y, por sí mismo, carece de relevancia pública. Lo que sí resulta institucionalmente relevante es determinar si, al momento de los nombramientos o ascensos, existía alguna relación personal que pudiera configurar un impedimento, conflicto de interés o vulneración de las reglas aplicables al ingreso y a la promoción dentro del OAJ, o incluso si fue un divorcio simulado.

Porque eso es precisamente lo que debe aclararse: no la vida privada de los funcionarios, sino los criterios con los que se distribuyen cargos, ascensos y salarios pagados con recursos públicos.

Ese tipo de decisiones adquiere especial relevancia en un organismo que se creó precisamente bajo el discurso de terminar con privilegios, favoritismos y prácticas que durante años fueron reprochadas al antiguo Poder Judicial.

Ahora el asunto adquiere otra dimensión.

Una cosa es reformar la Ley Orgánica para hacer funcional el nuevo Poder Judicial y otra muy distinta modificar una norma secundaria para prolongar el poder de quienes actualmente lo ejercen por periodos limitados por disposición constitucional.

Si ese es realmente el propósito, Hugo Aguilar y Néstor Vargas tendrán que explicar cómo pretenden conciliarlo con la Constitución que dio origen al nuevo modelo judicial y cómo legitimarlo ante la ciudadanía, no ante el etéreo “pueblo bueno” que, según ellos, les aplaude y agradece todo lo que hacen.

Lenia Batres tendrá motivos suficientes para dar la batalla por ella y su clan, obvio, no por la Corte o la independencia judicial, y ya vimos que nunca por el Estado de derecho.

Al final, la pregunta llegará inevitablemente a Palacio Nacional:

¿Soportará la presidenta Claudia Sheinbaum un nuevo frente de batalla provocado por quienes, apenas llegados al Poder Judicial, ya buscan cambiar las reglas de su permanencia e instalarse ahí por los siglos de los siglos?

Reza el refrán, guerra avisada no mata soldado. En esta chicana la presidenta no podrá decir, como es su costumbre, que no estaba enterada. Aquí se dijo, para el registro.