El Poder Legislativo de Veracruz desaforó a los alcaldes Raúl González y Bertín Bravo, acusados de homicidio y desaparición forzada, respectivamente. Este hecho se suma a una lista de juicios de procedencia que han marcado la historia política del estado.
El Congreso del Estado de Veracruz marcó un nuevo hito en su historia legislativa al aprobar, con 40 votos a favor y ocho en contra, la declaración de procedencia para el desafuero de dos presidentes municipales en funciones emanados del partido Movimiento Ciudadano.
Esta resolución, avalada por la mayoría legislativa, retira la inmunidad procesal a los ediles de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván. Esta acción legal permite que la Fiscalía General del Estado (FGE) proceda penalmente en su contra por su presunta implicación en delitos de alto impacto que han conmocionado a la opinión pública veracruzana.
Acusaciones de Alto Impacto: Homicidio y Desaparición Forzada
El primer caso involucra a Raúl González Martínez, ahora exalcalde de Ixhuatlán del Sureste, quien es investigado por su presunta autoría intelectual en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, un crimen perpetrado el pasado 2 de junio de 2026. Las indagatorias ministeriales sugieren que el móvil del asesinato estaría vinculado a material gráfico comprometedor que la comunicadora poseía, lo que presuntamente habría motivado al edil a recurrir a grupos delictivos para silenciarla.
Tras la votación en el pleno, su suplente, Juliana Ruiz Martínez, asumió la titularidad del ayuntamiento para evitar un vacío de poder.
Por su parte, Bertín Bravo Montero, exmunícipe de Úrsulo Galván, enfrenta un complejo proceso penal por el presunto delito de desaparición forzada. Las autoridades lo vinculan directamente con el caso del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López Torres, quienes fueron vistos por última vez a mediados de mayo tras presuntamente acudir al domicilio del político.
La gravedad de las acusaciones presentadas por la fiscalía obligó al Poder Legislativo a separarlo de su cargo, el cual será ocupado por Jesús Rosado Guzmán con el objetivo de garantizar la gobernabilidad del municipio.
Un Historial de Desafueros en la Entidad
Aunque la magnitud de estos eventos ha generado un fuerte impacto mediático, el desafuero de funcionarios en Veracruz no es un fenómeno inédito, pues ya han ocurrido otros casos emblemáticos en la última década. Uno de los antecedentes más recordados es el de Omar Cruz Reyes, exalcalde panista de Medellín de Bravo, quien en marzo de 2015 perdió su fuero tras ser señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo.
Asimismo, en 2020, el Congreso local desaforó al diputado Erick Iván Aguilar López por ejercicio indebido del servicio público, demostrando que el juicio de procedencia se utiliza recurrentemente.
El contexto político de estas decisiones legislativas no ha estado exento de controversia, pues los ocho votos en contra provinieron de legisladores de oposición, incluyendo a representantes de Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los defensores de los ediles argumentaron presuntas irregularidades en las carpetas de investigación y advirtieron sobre el riesgo de que las instituciones de justicia sean utilizadas como instrumentos de persecución política. Ante esto, la bancada mayoritaria defendió que “el retiro del fuero no representa una sentencia de culpabilidad, sino la eliminación de la protección constitucional para continuar el procedimiento judicial”.
El Futuro Judicial de los Implicados
Finalmente, conforme al marco jurídico vigente, la pérdida del fuero constitucional deja a ambos exfuncionarios a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes deberán determinar su situación legal bajo el principio de presunción de inocencia. Mientras la Fiscalía General del Estado avanza en la cumplimentación de las órdenes de aprehensión y el desahogo de pruebas, la sociedad veracruzana permanece atenta al desarrollo de estos procesos penales.
Estos juicios pondrán a prueba la solidez del sistema de justicia estatal y sentarán un nuevo precedente sobre la rendición de cuentas en las esferas del poder municipal.
