Contraesquina Política.
Por: Fernando Martinez Plascencia.
Coatzacoalcos Ver., a 1° de abril del 2025.

En el 2023 se llevó a cabo una importante reforma por parte del legislativo en San Lázaro en materia de la Ley General de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, un tema muy sensible, sin duda, ya que muchos irresponsables padres no querían-y no quieren- dar pensión alimenticia, es de sobra conocido que en muchos casos, el sujeto obligado, es decir, el deudor alimentario hasta renuncia o abandona su fuente de trabajo para no cumplir con su obligación.

Esta reforma impacta de forma muy certera y significativa también, a todos aquellos que buscan o son ser servidores públicos, ya sea de elección popular o por designación, para ello se aprobó también un Registro Nacional para que estas personas, independientemente de la responsabilidad penal, ya que también es un delito el incumplimiento de la obligación de dar alimentos, estén impedidos para ocupar un cargo público.

Se trata de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, este registro que se estableció y dio inicio en mayo del 2023, está a cargo del Sistema DIF nacional, la finalidad en pocas palabras es evitar que las personas incumplan con las obligaciones alimentarias, aquí estarán registrados estos morosos padres deudores.

Hace poco, la diputada local del Congreso del Estado de Veracruz, Montserrat Ortega, presentó una iniciativa relacionada a este tema, para que en Veracruz se tenga también un Registro Estatal de Deudores alimentarios, antes, en enero del 2025, la diputada Naomi Santos, presentó y fue aprobada, una iniciativa sobre la misma materia, la cual se armoniza con la reforma a Ley de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada por el congreso de la Unión.

Ahora bien, sería bueno conocer si la gobernadora Rocío Nahle, está observando esto que recién se aprobó en el congreso local, y si ha llevado o ha ordenado una investigación sobre esto a través del Órgano o departamento respectivo de cada dependencia, si se está acatando, es decir, no tener a deudores alimentarios como funcionarios públicos.

Así mismo, sería importante saber si en el congreso local, donde Esteban Bautista Hernández es el presidente de la Junta de Coordinación Política, se le ha dado seguimiento a este tema, pero sobre todo, si con la reforma aprobada, tanto a la Ley como al Registro, le ha puesto atención en este asunto tan delicado, y no vaya a ser que tenga a personajes indeseables en algún cargo público.

La oficina o el departamento respectivo tiene la obligación de informarle al Presidente de la JUCOPO, si existe algún documento o exhorto de algún juzgado o de alguna entidad, que haya llegado al órgano legislativo sobre algún funcionario, la gran mayoría de los Estados de la República ya aprobaron y armonizaron a través de sus congresos locales, sus leyes sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,

Ahora bien, sería muy lamentable saber que existan funcionarios que son deudores alimentarios, y que el jefe del Congreso los esté solapando, sería un gran error político que tendría consecuencias graves, la ley es muy clara; ningún deudor alimentario puede ser servidor público.

Del mismo modo, tanto la gobernadora Rocío Nahle, como los titulares de su gabinete legal y ampliado, tienen la obligación de velar y hacer cumplir la reforma aprobada en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

No está por demás decir que, quienes se encuentren en este Registro Nacional como deudores alimentarios, no pueden tramitar siquiera su identificación oficial ante el Instituto Nacional Electoral, tampoco pueden obtener licencia de manejo, y mucho menos salir del país. Así de grave y delicado el tema. Aguas.

En el fondo ha sido y es una buena reforma, garante de la Protección de los derechos de los menores.