En un juicio exprés y sin defensa, la jueza antiterrorista Alejandra Romero ha condenado a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González y padre de dos de sus nietos. “El fiscal general Tarek William Saab forjó un expediente sin prueba alguna para sostener esta patraña“, confirmó el exfiscal Zair Mundaray, exiliado hoy en Colombia. Los delitos que le imputan son por terrorismo, asociación para delinquir y conspiración, que habitualmente se usan contra los presos políticos.

Tudares fue detenido por agentes chavistas enmascarados en enero de este año, cuando llevaba a sus niños al colegio. Desde entonces ha permanecido incomunicación y en desaparición forzada, sin que su familia supiera sobre su estado de salud, pese a sus constantes llamamientos públicos.

El único “delito” de Tudares es ser familiar del candidato democrático que aplastó en las urnas a Nicolás Maduro el 28 de julio del año pasado. El chavismo activó el plan para detenerle días antes del 10 de enero, fecha en que Edmundo debería haber sido juramentado como presidente por su victoria en las urnas.

“329 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. A Rafael se le han violado todos los derechos y garantías del debido proceso. No se le ha permitido ejercer el derecho a designar un abogado de su confianza como su defensor privado. Lo que están haciendo con él es un acto bárbaro, cruel e inhumano. Un crimen de lesa humanidad. Es un acto de venganza. Rafael no es político y no tiene relación con la política”, protestó en redes sociales Mariana González, mujer de Tudares.

Hace días se conoció que la revolución bolivariana preparaba un juicio telemático contra Tudares, sin las condiciones mínimas para defenderse de los cargos falsos preparados por el gobierno. El chavismo decidió capturar al yerno de Edmundo para presionarle y quebrar su resistencia, cuando el ganador electoral ya estaba exiliado en España.

“Es un juicio clandestino que viola sus derechos humanos”, denunció su mujer. Durante los 11 meses de encarcelamiento, la familia ha exigido, sin éxito, la fe de vida del detenido.