Venganza y persecución se han unido para que el chavismo impida el viaje a España del cardenal Baltazar Porras, principal autoridad de la Iglesia Católica venezolana y una de las principales voces críticas del país que no ha sido detenido ni permanece en el exilio o la clandestinidad. Al cardenal le retuvieron su pasaporte en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía cuando iba para Colombia con el objetivo de volar desde Bogotá a Madrid, donde iba a participar en la ceremonia de investidura como Protector de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. El cierre del espacio aéreo venezolano, provocado por el despliegue bélico estadounidense en el Caribe, impide el viaje directo.

El trato recibido por el cardenal fue humillante: le anularon el pasaporte, le notificaron prohibición de salida del país, le requisaron sus ropas y usaron perros antidrogas. Decenas de dirigentes, activistas o ciudadanos cercanos a María Corina Machado fueron detenidos en circunstancias parecidas, pero en esta ocasión no se atrevieron a hacerlo con el clérigo, de 81 años.

“Debemos recordar que la retención y/o la invalidación del documento de identidad se sumó a otras violaciones de derechos fundamentales en medio del esquema represivo que se consolidó tras el 28-J [elecciones presidenciales del año pasado]”, denunció Óscar Murillo, coordinador general de la organización de derechos humanos Provea.

El fracaso de la manipulación política realizada por el chavismo en torno a la canonización de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, le ha vuelto a pasar factura al cardenal. El régimen de Nicolás Maduro empleó distintas argucias para sabotear el viaje del prelado hasta Isnotú, el pueblo natal del santo venerado por los venezolanos, para una fiesta litúrgica en octubre, tras los actos del Vaticano.

Detrás del sabotaje se escondía la rabia que desataron en Maduro las palabras que Porras impartió frente al Papa León XIV durante la canonización del santo: “El país vive una situación moralmente inaceptable, [marcada por] la merma del ejercicio de libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que excita la violencia, la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos”.

“Queridos hermanos, que este incidente desagradable no sea el pan nuestro de los que no tienen rostro ni padrinos. Que el mensaje reiterativo del Papa León IV, estamos dispuestos a buscar una solución y una paz duradera y también justa sea la tarea de todos”, respondió el cardenal en un comunicado publicado horas después de los hechos.

El primer dirigente internacional que reaccionó a estos hechos fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, estrecho aliado de Maduro: “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, ni por retóricas vacías, ni por cárceles del alma”.