Mientras el gobierno de Veracruz presume una reducción de 11.2 por ciento en la incidencia delictiva en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2024 y asegura que la entidad se ubica en el lugar 25 en ilícitos por cada 100 mil habitantes, la violencia no da tregua en el norte veracruzano.
Los municipios de Tuxpan y Poza Rica, junto con sus vecinos Coatzintla, Tihuatlán y Papantla, constantemente reportan privaciones ilegales de la libertad, quema de vehículos y asesinatos, especialmente contra aquellos que se niegan a pagar derecho de piso.
La mayoría de víctimas no denuncia, aún si se trata de funcionarios municipales, como los nueve que han sido privados de la libertad en el ayuntamiento de Poza Rica, presidido por Fernando Luis Remes.
El último caso conocido fue el del regidor octavo de ese ayuntamiento, Víctor Manuel Benavides Cobos, a quien el 25 de febrero interceptaron en la colonia Manuel Ávila Camacho de ese municipio petrolero.
Antes, el 22 de enero, el regidor priista había sufrido un atentado frente al hospital general de Poza Rica cuando sujetos armados le dispararon; aunque el funcionario salió ileso, en esos hechos privaron de la libertad durante una semana a Sergio Macías, director de Comercio del ayuntamiento.
El regidor tiene la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio, área a la que pertenece la mayoría de funcionarios pozarricenses privados de la libertad.
De junio de 2024 a la fecha sido secuestrados en total nueve trabajadores municipales; a José Manuel Lugo Dauzón, empresario y asesor del alcalde de Poza Rica, lo plagiaron ese mes en la colonia Ricardo Flores Magón; tras un operativo, fue localizado con vida y separado del cargo.
El 2 de julio privaron de la libertad, por unas horas, a Ajab Yair León Salas, director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, cuando celebraba su cumpleaños en su casa, en el municipio de Tihuatlán.
Julio Ignacio Vega Domínguez, delegado de la Dirección General de Tránsito, fue secuestrado el 5 de septiembre en las inmediaciones de la corporación y liberado horas más tarde.
En octubre tocó el turno a Rodrigo Alejandro Caballero, jefe de inspector de Comercio del ayuntamiento, en el municipio de Coatzintla, quien permaneció privado de la libertad durante cinco días.
El 11 de octubre, poco más de un mes después de que fuera destituido como director de Limpia Pública, Pierre Guerrero Hernández, fue plagiado y liberado más tarde.
Un caso más fue el de Carlos Escudero Alarcón, titular de Protección Civil, interceptado el 14 de octubre por un grupo en el bulevar Central Poniente; su liberación ocurrió cuatro días después.
El último plagio, previo al del regidor, fue el de Raymundo “G”, inspector de la dirección de Gobernación del municipio, a quien secuestraron sobre la carretera Poza Rica-Cazones y del que se desconoce su paradero.
El pasado 15 de abril, cuestionada sobre estos crímenes y los ataques a negocios, como las pastelerías Dauzón, (propiedad de un ex funcionario municipal, que también fue secuestrado y después de eso renunció), la gobernadora Rocío Nahle aseguró que se solicitó al gobierno municipal una revisión profunda a sus cuerpos policiacos.
Enfatizó que el caso de estas pastelerías detonó una revisión más minuciosa a los elementos de seguridad y que se hizo una “invitación respetuosa” al ayuntamiento para que evaluara su actuación, dado que algunos estaban relacionados con filtraciones de información.
Esta misma semana se dio a conocer la detención o concentración de ocho policías municipales de Poza Rica, quienes fueron llevados a Xalapa.
Pese ello, la noche del Jueves Santo, dos taxis fueron quemados por sujetos armados, como mensaje al líder de la organización sindical a la que pertenecen las unidades, para que acceda a pagar derecho de piso.
En Tuxpan, la situación no pinta mejor, el 21 y 24 de marzo fueron privados de la vida dos empresarios y el 11 de abril asesinaron un líder agrarista.
En Córdoba, el 21 de marzo asesinaron a otro empresario y a su hijo.
