En una entrevista reciente, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, ofreció una visión sobre la transición judicial que está viviendo el país, particularmente en lo que respecta a la reforma en el poder judicial y la reconfiguración de la Corte.

Laynez explicó que la renuncia de varios ministros de la Corte se enmarca dentro de lo estipulado por la Constitución, específicamente en el artículo séptimo transitorio, el cual establece que, si no se toma una decisión para retirarse, los ministros serían forzados a participar en un proceso electoral. Este mandato forzó a varios de sus compañeros a presentar su renuncia antes de la fecha límite, ya que de no hacerlo, su nombre sería incluido en la boleta para elección, lo que habría implicado su participación obligatoria en el proceso.

“Este retiro estaba previsto en la Constitución, y aunque algunos lo interpretaron como una decisión precipitada, simplemente estábamos cumpliendo con lo que la ley había establecido”, señaló Laynez.

“Los otros poderes buscarán tener más control sobre el Judicial”

El Ministro también reflexionó sobre el legado de la Corte que, según él, será recordada por su independencia y su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos durante los últimos 30 años. Durante este tiempo, la Corte se consolidó como un factor de equilibrio de poder en el país, reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

“Creo que esta corte será recordada como la última corte realmente independiente. A partir de la elección de los nuevos ministros, los otros poderes buscarán tener más control sobre el Judicial, y esto podría cambiar la manera en que operará la Corte”, expresó el Ministro, dejando entrever que la nueva configuración judicial podría reducir la autonomía que caracterizó a la SCJN en las últimas tres décadas.

“Sin este órgano, no podríamos ni siquiera definir el presupuesto del Poder Judicial”

Además, Laynez habló sobre los retos administrativos que enfrentará la nueva estructura judicial. Uno de los más importantes es la creación de un órgano que reemplazará al Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y vigilancia de jueces y magistrados. Este nuevo órgano, compuesto por ministros de la Corte y otras figuras del ejecutivo y legislativo, deberá entrar en funciones a más tardar el 1 de septiembre de 2025, lo que representa un desafío práctico significativo.

“Sin este órgano, no podríamos ni siquiera definir el presupuesto del poder judicial para el próximo año”, comentó.

Por último, Laynez señaló que, aunque algunos de sus compañeros se oponen a adelantar la conformación del nuevo órgano, es necesario para garantizar la continuidad administrativa. Los problemas prácticos, como la asignación de presupuesto y la gestión de contratos, requieren una pronta resolución para evitar que el sistema judicial se vea paralizado después de la transición. Sigue leyendo: