Ante la descalificación que emitió la Organización de Estados Americanos (OEA) a la pasada elección del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que en la Constitución está establecido que “en México quien manda es el pueblo”.

Desde Morelos, la jefa del Ejecutivo destacó que la OEA no tiene atribuciones para determinar la viabilidad del proceso electoral, y solamente pueden enviar observadores para ver si se desarrolló pacíficamente.

La Organización de Estados Americanos mandó unos observadores a México el día de la elección y pues está bien que opinen si fue pacífica, si no hubo problema, pero ahora ya quieren opinar sobre el sistema que decidieron los mexicanos para elegir a los miembros de la corte, los magistrados y los jueces.No tienen atribución para ello, que opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos, lo que significa la profunda reforma del poder judicial en nuestro país”, declaró.

La mandataria federal enfatizó que la propia OEA tiene entre sus estatutos que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos, las naciones.

NOTA DIPLOMÁTICA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Misión Permanente de México ante la OEA, también expresó su rechazo al informe del organismo regional.

En él, la OEA estimó que la baja participación de la ciudadanía en las urnas y la injerencia de partidos políticos para promover candidatos a juzgadores, a través de “acordeones”, le restaron legitimidad al proceso.

Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que los jueces elegidos carezcan de “autonomía e independencia” del Poder Ejecutivo, y llamó a los países del continente a no replicar el modelo de elección judicial de  México.

Ante ello, la Cancillería mexicana, mediante una nota diplomática dirigida al secretario general de la organización, Albert Ramdin, expresó su firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe.

Puntualizó que la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización.

En particular contraviniendo el Artículo 3 (e) que señala: “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.