Las oficinas de la Cooperativa Santa Clara, en Minatitlán, quedaron bajo resguardo oficial tras cumplirse una orden de embargo en favor del exchofer Julio César Primo López, quien demandaba el pago de prestaciones atrasadas por una deuda de más de 1.8 millones de pesos.


Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la Guardia Nacional y Policía Estatal acudieron al domicilio legal de la cooperativa, en la colonia Nueva Mina Norte. Sin embargo, al llegar, constató que los representantes de la cooperativa ya habían abandonado el inmueble.

Antecedentes del conflicto

La disputa tiene su origen en un juicio laboral (expediente 940/VIII/2009/XVII/XVI) iniciado por Primo López después de su despido. El exchofer exigía el reconocimiento de salarios caídos, prestaciones e indemnización.


En enero de 2021, la autoridad laboral ordenó el embargo con intervención a la caja de la cooperativa y designó a Primo López como depositario interventor. Tras varios intentos de ejecución del embargo que la empresa ignoró, el monto demandado fue calculado en 1 millón 865 mil 270 pesos.

Qué dice la orden y qué implica para la cooperativa

La orden de embargo indica que la Cooperativa Santa Clara —aunque cambie de nombre (como Transporte Chacalapa), estructura jurídica o denominación comercial— está obligada a reconocer la deuda, permitir la intervención del depositario y restituir el control de la fuente de trabajo al exchofer.


Además, el tribunal advirtió que de persistir la negativa al cumplimiento, se remitirá el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz por posible desacato, evasión de obligaciones laborales y obstrucción de justicia.

Reacción del exchofer y su situación actual

Julio César Primo López —quien actualmente padece problemas de salud y requiere diálisis— asumió formalmente la posesión de las instalaciones. Su abogado confirmó que la cooperativa abandonó el inmueble antes de la llegada de la autoridad, dejando las oficinas vacías e incluso sin representación legal.


Para Primo López, esta resolución representa una victoria esperada tras años de impagos. Pero también marca el inicio de una nueva etapa: ejercer control efectivo sobre la cooperativa para garantizar sus derechos laborales y evitar que la empresa siga operando de facto bajo otra razón social.

Qué representa este fallo para el transporte público en Minatitlán


La medida visibiliza la situación de trabajadores del transporte que han denunciado impagos y evasión de responsabilidades por parte de cooperativas.


Obliga a la cooperativa a responder por sus obligaciones laborales, más allá de cambios de nombre o reorganizaciones internas.


Puede sentar un precedente para otros juicios laborales similares en el sector, donde los choferes reclaman prestaciones, salarios caídos o despidos injustificados.


Si la cooperativa intenta eludir la sentencia, se arriesga a sanciones por desacato, lo que podría debilitar su operación actual.