Este lunes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hará entrega a la Cámara de Diputados el primero de tres paquetes de revisiones a la Cuenta Pública del 2024, el último año del sexenio de López Obrador.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pudo demostrar cómo utilizó, durante los primeros cinco años del sexenio, más de 33 mil millones de pesos y todavía tiene pendiente por devolver o aclarar otros 24 mil millones de pesos de ese mismo periodo, es decir, de 2019 a 2023, por lo que se espera que con este nuevo paquete, las cifras aumenten los montos por aclarar
De acuerdo con una revisión hecha por MILENIO, con base en la información del Sistema Público de Auditorías de la ASF, con corte al viernes, había 994 expedientes de auditorías a dependencias del gobierno federal, de los años 2019 a 2023, que implican un monto de 33 mil 144 millones 898 mil pesos, que no fueron solventados y se consideran un daño al erario federal.
Esos expedientes se turnaron a la Dirección General de Investigación de la ASF, ya sea para iniciar procedimientos de responsabilidad y enviarlos a los órganos internos de control o incluso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que aplique sanciones, o para archivarlos.
En tanto, otros mil 121 expedientes de auditorías a dependencias del gobierno federal, del mismo periodo, se mantenían abiertos, en fase de seguimiento, por un monto de 24 mil 818 millones 841 pesos por devolver o aclarar.
¿En cuáles dependencias hay un presunto daño patrimonial?
El 20 por ciento de los más de 33 mil millones de pesos considerados presunto daño patrimonial que no fueron solventados en los primeros cinco años del sexenio lo acumula Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creado por López Obrador y encabezado por Ignacio Ovalle y Leonel Cota, con 6 mil 654 millones 510 mil pesos.
Le sigue la Secretaría del Bienestar, que en esos cinco años fue encabezada por María Luisa Albores, Javier May y Ariadna Montiel, la cual acumula 3 mil 994 millones 377 mil pesos de recursos no solventados ante la autoridad fiscalizadora, que equivalen al 12 por ciento de lo no aclarado.
El corporativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que el sexenio pasado encabezó Manuel Bartlett, ocupa el tercer lugar de entidades con un monto no solventado con 3 mil 767 millones 747 mil pesos de los primeros cinco años del sexenio.
Fonatur, más por devolver
Por su parte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que estuvo a cargo del inicio de la construcción del Tren Maya, es el ente federal con el monto más grande con un presunto daño patrimonial, pero que todavía puede devolver o aclarar, con 3 mil 140 millones 876 mil pesos, que equivale al 12.65 por ciento de los más de 24 mil millones de pesos pendientes.
Le sigue Segalmex, con 2 mil 834 millones de pesos por devolver y Pemex Exploración y Producción con 2 mil 434 millones de pesos.
Nuevas auditorías
El programa de fiscalización del año 2024, del que comenzarán a publicarse los primeros informes este lunes, incluye 2 mil 199 auditorías a instituciones de todo el país, de las cuales 28 son de cumplimiento forense, es decir, en donde ya se detectaron posibles delitos de corrupción.
Las auditorías forenses del 2024 se realizaron a:
- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
- Caminos y Puentes Federales (Capufe)
- Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA)
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
- Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC)
- Infonavit
- Puerto de Ensenada
Además, al extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y diversas instituciones y universidades estatales.
De las 2 mil 199 auditorías de la Cuenta Pública 2024, mil 761 corresponden al gasto federalizado en estados y municipios, por lo que la mayoría de los informes publicados en esta primera entrega corresponderán a este sector.
Del sector público federal hay 438 auditorías, de las que, la mayor parte, se publicarán entre la segunda y tercera entrega, es decir, en octubre y en febrero próximos.