Guerra total de cifras. La primera huelga general que se celebra en Portugal en 12 años ha sido un “completo éxito” para los sindicatos o “totalmente minoritaria” para el Gobierno del conservador Luís Montenegro. El motivo es un anteproyecto de ley que revisa la legislación laboral y que ni siquiera se ha empezado a debatir. Lo cierto, según todos los medios portugueses, es que la sanidad, la educación, la cultura, los ayuntamientos y, sobre todo, los transportes, pararon, lo que hizo muy difícil el desplazamiento a los centros de trabajo.

Los sindicatos convocantes -sobre todo CGPT y UGT- aseguraron que el paro fue “el mayor de la historia” y estimaron que tres millones de trabajadores no acudieron este jueves a sus puestos de trabajo, cuando el país tiene 5,3 millones de trabajadores activos. Eso sí, muchos lo intentaron y no pudieron ir a trabajar. El metro de Lisboa no funcionó, el aeropuerto de Faro tuvo que cerrar, los transportes se vieron afectados en más de un 90%. “El país paró”, afirmaron los portavoces sindicales.

En los colegios -como en todo el sector público- el paro es de dos días y continúa este viernes y está siendo casi general. A las 9:00 horas de este viernes, muchos colegios portugueses estaban cerrados y el 90% de los comedores universitarios y politécnicos estaban cerrados, según el Sindicato Independiente de Trabajadores de Organismos Públicos y Apoyo Social (Sitopas).

Según la agencia Lusa, Lisboa amaneció de una forma bastante atípica: las principales arterias de la capital, habitualmente congestionadas por el tráfico, estaban despejadas, como si el ritmo de la ciudad se hubiera alterado drásticamente.

Sin embargo, el Gobierno y la patronal (CIP) aseguraron que “la economía ha funcionado” y que “no se han parado las empresas”. En el sector público, según el Gobierno, secundó el paro menos de un 10% de los trabajadores. Los distintos portavoces del Ejecutivo de centroderecha calificaron el paro de “minoritario” y de “insignificante”.

El motivo de la huelga es una reforma laboral presentada por el Gobierno que, según la izquierda, precariza las relaciones laborales, favorece el despido y reduce derechos de los trabajadores. Si el Ejecutivo no da marcha atrás, UGT ya ha amenezado con repetir la huelga general.