Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico, respectivamente, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, tras el descarrilamiento ocurrido en el estado de Oaxaca, confirmaron fuentes judiciales.

Durante la audiencia inicial, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, determinó que existían datos de prueba suficientes para sujetarlos a proceso penal. Como medida cautelar, ordenó prisión preventiva, por lo que ambos imputados fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, donde enfrentarán su proceso.

Fiscalía acusa omisión en el uso del freno de emergencia

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Federal, los ahora procesados habrían incurrido en omisiones graves durante la operación del tren, al no accionar la válvula del freno de emergencia, pese a que la unidad era conducida a exceso de velocidad por el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, quien también se encuentra bajo investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que esta omisión fue determinante para que el ferrocarril no pudiera ser detenido a tiempo, lo que derivó en el descarrilamiento que dejó personas fallecidas y varios lesionados, además de cuantiosos daños materiales.

Las autoridades judiciales consideraron que la responsabilidad de los imputados no se limita a la conducción directa, sino también a las funciones operativas y de supervisión, las cuales eran clave para garantizar la seguridad del convoy.

Podrían enfrentar hasta 20 años de prisión

En caso de que un juez emita una sentencia condenatoria, los tres imputados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, dos de los cuales ya se encuentran detenidos, podrían enfrentar penas de entre 5 y 20 años de prisión por homicidio culposo, además de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones similares en el servicio público o ferroviario.

A ello se suma una posible sanción adicional de 3 a 6 años de cárcel por el delito de lesiones culposas, conforme a lo establecido en la orden de aprehensión girada por la jueza Diana Isabel Ivens Cruz el domingo pasado, a solicitud de la FGR.