Un informe presentado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF) dibuja un panorama nítido y sombrío: el sistema internacional de ayuda humanitaria sufre “la mayor caída financiera de su historia” y, junto al aumento de los conflictos y los ataques a la labor médica, las consecuencias inmediatas son ya palpables sobre vidas humanas y servicios básicos.

Los datos cuantifican la envergadura de la crisis: tras décadas de crecimiento, la financiación total destinada a la acción humanitaria cayó de 45.700 millones de dólares en 2023 a 41.000 millones en 2024 –una reducción cercana a 5.000 millones, equivalente a casi el 10%– y las proyecciones parciales para 2025 advierten de recortes mucho más profundos. El informe apunta a una posible caída del 34% respecto a 2024 y hasta el 45% frente a 2023 si las tendencias actuales se consolidan.

La contracción no es homogénea: buena parte del retroceso de 2024 procede de donantes públicos (unos 3.500 millones de la reducción total) y se observan cambios drásticos en el mapa de aportaciones. Solo cuatro de los 20 principales donantes aumentaron más de un 5% sus aportaciones: Arabia Saudí (60%), Reino Unido (40%) y, de forma llamativa, Corea del Sur (247%). En sentido contrario, países como Alemania o Canadá han reducido sus contribuciones “a alrededor de la mitad” respecto a 2022, y Estados Unidos registró una reducción destacable en volumen –1.700 millones menos en el periodo analizado–.

En España, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta aumentó un 11,87% en 2024 hasta situarse en 4.021,51 millones de euros, pero la partida dedicada específicamente a acción humanitaria descendió un 18,52% (174,17 millones). La ayuda humanitaria central del Estado cayó aún más: de 171,29 millones en 2023 a 130,31 millones en 2024 (un 23,92 %).

Los responsables del IECAH y de MSF que han comparecido este miércoles en Madrid vinculan esa sangría presupuestaria a cambios políticos y estratégicos en las grandes potencias –entre ellos la Administración estadounidense– y a una nueva configuración del orden internacional que penaliza, en la práctica, la respuesta humanitaria. “El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 ha puesto en jaque al ya deteriorado orden internacional”, advirtió Jesús A. Núñez, codirector del IECAH. Para los autores, la combinación de la retirada o la reorientación de fondos, la priorización militar y el desplazamiento de recursos públicos a gasto en Defensa está desplazando decisiones que antes garantizaban la protección y asistencia a la población civil en crisis.

En el lenguaje técnico del informe y de los ponentes ha irrumpido un término cargado de consecuencias prácticas: hiperpriorización. Bajo presión presupuestaria, organizaciones y donantes seleccionan cada vez con mayor intensidad a quién atender, concentrando recursos en ciertas crisis visibles y dejando fuera a poblaciones con necesidades graves pero menos mediáticas. “Esto supone, en términos concretos, dejar gente fuera de la atención humanitaria”, explicó Francisco Rey, codirector del IECAH.

Además, los expertos alertan de un proceso de desmantelamiento prolongado de estas capacidades: durante años muchas organizaciones han reducido su presencia o su capacidad de operar en escenarios hipercomplejos (negociación de acceso, logística de entornos inseguros, despliegues en guerra). Ese vacío organizativo hace ahora más costoso y lento reaccionar cuando la necesidad aumenta.

Las cifras se traducen en relatos directos desde los hospitales y centros de salud: Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF que ha rotado varias veces en Gaza, describió ante la prensa un sistema sanitario “totalmente arrasado” y un personal exhausto. Detalló que en octubre –tras el alto el fuego que se ha incumplido en varias ocasiones por parte de Israel— quedaban pendientes más de 16.500 personas (entre ellas más de 4.000 niños) a la espera de evacuación médica; desde la firma de la tregua apenas han salido 200 pacientes y, según su testimonio, 900 personas murieron esperando esa llamada que nunca llegó. Conde añadió que “no queda ningún hospital plenamente operativo” en Gaza y que más de 1.700 trabajadores sanitarios han muerto en los últimos dos años.

Esos testimonios revalidan un hallazgo del informe anual: la violencia contra misiones médicas y de ayuda se ha convertido en “la nueva normalidad”. El documento identifica tres tendencias preocupantes: el crecimiento del papel de actores estatales como principales perpetradores, la afectación desproporcionada del personal nacional / local y la escasa atención al impacto de ataques contra el transporte médico y humanitario.

Asimismo, el informe y los expertos de MSF enumeran efectos tangibles que ya están ocurriendo: paralización de campañas preventivas contra la malaria –una enfermedad que en 2023 causó cerca de 600.000 muertes–, interrupciones en programas de VIH y tuberculosis, y retrocesos drásticos en salud sexual y reproductiva (anticoncepción, atención prenatal, respuesta a violencia sexual). Raquel Ayora, directora general de MSF España, subrayó que “la situación amenaza con consolidar un enfoque transaccional de la ayuda” y alertó de la pérdida de principios humanitarios básicos como humanidad e imparcialidad.

En términos de mortalidad futura, los analistas del informe insisten en la necesidad de cuantificar el impacto: algunas estimaciones de trabajo anexas apuntan a consecuencias devastadoras para la niñez –se mencionan escenarios de 13-14 millones de vidas de niños perdidas hasta 2030 si los recortes y la erosión de capacidades continúan–, una proyección que los autores anuncian que intentarán medir y documentar con mayor precisión en futuros ejercicios.

En la rueda de prensa se recordó además un episodio que ha generado alarma en el sector: el intento –según los ponentes– de introducir mecanismos alternativos de distribución (casos descritos como “fundaciones humanitarias”) que, lejos de reforzar la respuesta, han funcionado como experimentos de privatización de la ayuda con efectos perversos sobre la imparcialidad y la seguridad de las operaciones. Jesús Núñez señaló que la iniciativa –en el contexto de Gaza– supuso “un intento de romper con el trabajo de las organizaciones humanitarias que han llevado la prestación de asistencia durante décadas” y que, pese a haberse paralizado, dejó lecciones amargas.

Por otro lado, el documento recuerda que, junto a Ucrania y Gaza, Sudán es uno de los escenarios más dramáticos, pero también de menor visibilidad mediática. Los expertos remarcan que, en ausencia de intereses estratégicos de las grandes potencias, conflictos como el sudanés quedan “encapsulados”: la comunidad internacional opta por contener la inestabilidad regional más que por intervenir para detener el sufrimiento interno. El resultado es una crisis humanitaria de gran escala que apenas ocupa titulares.

El informe entonces no se limita al diagnóstico: formula recomendaciones claras y urgentes. Entre las propuestas de reforma figuran la diversificación de la financiación, el refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas, la “descolonización” de la ayuda (mayor voz y control por parte de actores nacionales y locales) y la recuperación de capacidades operativas para actuar en zonas de acceso extremadamente complicado. Francisco Rey concluyó que “el futuro del sector dependerá de su capacidad para reenfocar sus prioridades hacia la esencia de su misión: salvar vidas y proteger la dignidad humana en los entornos más difíciles”. “No estamos ante un simple bache: hay algo sustancialmente diferente este año”, agregó Rey.