El expediente 495/2025 de la FGR revela la doble vida que habría llevado por años Raúl Rocha Cantú, amigo y socio de políticos, empresarios y figuras del mundo del espectáculo, quien, según las investigaciones, maneja una estructura criminal que combina huachicol de gasolina, tráfico de armas, sobornos, tráfico de información y una red empresarial diseñada para operar como fachada legal.

El documento lo identifica como la mente maestra dentro del grupo encabezado por Jacobo Reyes León (“Yaicob”) y Jorge Alberts Ponce (“Yoryi”), y sostiene que su participación no fue tangencial ni financiera solamente, sino operativa y estratégica.

Rocha fue identificado como parte de la organización desde el 15 de diciembre de 2024, tras la intervención de comunicaciones autorizadas. La FGR afirma que “inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos… y ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información en la FEMDO”. Es decir que Rocha financiaba las operaciones de huachicol y al mismo tiempo compraba información desde dentro de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Daniel Roldán Morales, “El Inge”, era quien transfería las ganancias generadas por la venta de combustible ilícito a las cuentas de Rocha. El expediente añade que el empresario regiomontano operaba parte del combustible ilegal a través de sus propias estaciones de servicio, gasolineras registradas a su nombre o bajo empresas de su grupo, como Estación de Servicio Vacio-Full, Servicio Delmcar y Soluciones Gasíferas del Sur, algunas con vínculos documentados en contratos con Pemex.

La relación entre Rocha y los líderes del grupo se expone en otra comunicación intervenida en la que Jacobo Reyes afirma que “es mi socio” y menciona que Rocha “andaba en Washington” mientras coordinaban una reunión para “Memo”. Esta mención, aparentemente rutinaria, confirma una sociedad directa y no una relación meramente contractual o informal.

El expediente también exhibe un ejercicio interno de inteligencia de la propia FGR. La agente del MP realizó una búsqueda en Google para documentar el historial público de Rocha tras encontrar una referencia en llamadas donde se hablaba del “video de Miss Universo”. Ahí localizó una serie de notas periodísticas sobre el empresario, entre ellas las que reportaron el polémico video donde Rocha calificó a concursantes de Miss Universo como “gordas” y “de rating”. También integró notas sobre su adquisición del certamen mundial, su ascenso como empresario del entretenimiento y su relación con escándalos previos como el Casino Royale, las denuncias laborales, los litigios financieros y la opacidad de sus otros negocios.

Pero donde la investigación adquiere mayor complejidad —y donde el expediente es más explosivo— es en el entramado empresarial que acompaña a Rocha dentro de la organización. Este grupo criminal operaba en empresas legalmente constituidas, con oficinas en zonas de alto perfil, personal reclutado formalmente y licencias de armas emitidas por autoridades federales.

El documento establece que la red corporativa estaba compuesta por Servicios Integrales Valvón, Segurimex, Dinámica Seguridad Privada Consultores, Servicios Terrestres de Seguridad (SETER) y GPR, todas bajo la administración de Jorge Alberts Ponce. Estas empresas servían para facturar servicios de guardia y custodia, pero también para remarcar armas, distribuirlas, gestionar licencias, encubrir personal armado e incluso para operaciones inmobiliarias ilícitas como despojos y obtención fraudulenta de escrituras.

La pieza central era Valvón, empresa con una licencia para 350 armas, según las conversaciones intervenidas, usadas para entregar armamento a personal sin controles, amparados en las pólizas de seguridad privada. HNI exigía “oficios Valvón” para justificar la portación de armas ante autoridades. Desde las oficinas de Valvón, en San Ángel, se organizaban reuniones, movimientos de custodias, visitas de mandos militares y entregas de armamento.

Segurimex, por su parte, operaba custodias y servicios para tiendas como Liverpool, aunque “no tenía licencia intramuros”, lo que obligaba a usar otras razones sociales cuando requerían personal armado. Dinámica funcionaba como bodega y cuarto de armas, donde almacenaban equipo mientras buscaban nuevas propiedades para ampliar la capacidad del almacén. GPR se utilizaba para reclutar personal —las llamadas “gacelas”—, según las intervenciones. Y Setrosec/SETER servía para obtener constancias y permisos cuando alguna de las otras empresas no podía justificar movimientos.

Esta estructura empresarial-criminal funcionaba como una fachada corporativa de alta sofisticación, con licencias legales, logística de seguridad, vehículos identificados y una arquitectura societaria para dificultar el rastreo del flujo de armas y del combustible ilícito.

El expediente completa el cuadro con un hallazgo adicional: una consulta del Registro Público de Comercio confirma que Rocha participa en varias empresas del sector energético vinculadas con Pemex. Es información que la FGR incorporó como parte del análisis patrimonial y que, al cruzarse con su rol dentro de la organización, sugiere un mecanismo para inyectar combustible ilícito a una red formal ya existente.

Sobre la columna que publiqué el viernes en la que di cuenta de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR y la interrogante en torno a qué hará con las carpetas que acumuló durante siete años —incluidas las que abrió contra enemigos personales como Julio Scherer Ibarra—, el propio Scherer se comunicó conmigo para asegurar no teme en absoluto nuevas filtraciones que busquen dañar su nombre o el de su familia. “Ya intentó todo”, me dijo, en alusión a los intentos previos del exfiscal por usar esa información como arma política y personal.

Scherer no solo asegura que no hay nada más que Gertz pueda filtrar para lastimarlo, sino que anticipa que será él quien hable primero, y con documentos. En las próximas semanas se publicará un nuevo libro titulado “Testimonio: Ni venganza ni perdones” que promete revelar episodios no conocidos del poder durante los primeros años del sexenio pasado, entre estos la versión de Scherer sobre de la larga guerra soterrada con Gertz Manero.

El mensaje tiene implicaciones mayores en este momento de transición en la FGR. Mientras en el gobierno federal preocupa que el exfiscal intente usar los expedientes como moneda de presión antes de partir a su embajada, Scherer adelanta que es él quien está listo para contar lo que vivió desde el corazón del poder, en particular sobre las “andanzas” de Gertz Manero.

Este domingo se produjo la reaparición pública y política de Andrés Manuel López Obrador. En un video de casi 50 minutos de duración, con la escenografía de su finca “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, entre pavorreales, gallinas y otros animales que sirvieron de actores secundarios, el expresidente presentó su nuevo libro y, sobre todo, envió mensajes políticos entre líneas. Regresa, pero no regresa… a menos que las causas de fuerza mayor se lo requieran.

En mis columnas del 24 de octubre y del 7 de noviembre adelanté no sólo que el exmandatario preparaba un nuevo libro, cuyo contenido giraría en torno a la reivindicación de los pueblos originarios y a su tesis de la “civilización negada”, y que para ello dedicaba parte de sus mañanas y tardes a la escritura, apoyado de su inseparable secretaria Laurita y un par de asistentes. También anticipé que sería presentado antes de que terminara el año y como una intención política, como terminó siendo.

Lo único que cambió, después de medir con cuidado las reacciones, fue su decisión de no realizar una gira nacional para promover la obra. Como escribí entonces, la simple posibilidad de que López Obrador volviera a recorrer el país, ahora como escritor, activó alertas dentro y fuera de Morena. Esa reacción habría llevado al expresidente a optar por una presentación en video para evitar interpretaciones sobre un eventual retorno a la escena política y para no interferir en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De hecho, la propia presidenta fue cuestionada este domingo sobre el tema, y su respuesta dejó un mensaje puntual. Dijo sentirse “muy contenta” por el respaldo de su antecesor, a quien expresó su afecto. “Lo quiero mucho”, dijo. Y aseguró que no lo ha visto, pero sí ha tenido comunicación con él. Una frase que buscó cerrar especulaciones, aunque como revelé, el expresidente ha viajado a la Ciudad de México varias veces desde que dejó el poder. No fueron tres, sino cinco, todas en absoluto sigilo, sin fotografías y con reuniones muy selectivas con mandos del movimiento.

Esos encuentros —más de consulta que de cortesía— confirman que, pese a su retiro en Palenque, López Obrador continúa siendo un factor de poder. Y aun en su mensaje de este domingo lo dejó claro: aseguró estar “jubilado”, pero también precisó en qué circunstancias rompería su retiro. Dijo que sólo regresaría a la vida pública si estuviera en riesgo la democracia, la soberanía nacional o si México enfrentara una ruptura del orden constitucional. Un margen acotado, sí, pero que en política mexicana equivale a dejar la puerta entreabierta.

La presentación de su libro titulado “Grandeza”, sin gira y sin actos masivos, termina por delinear su nueva posición pública: un expresidente que se mantiene en la sombra, que intenta no opacar a la presidenta Sheinbaum, pero que no renuncia al papel de guardián ideológico del movimiento.

La firma Sales Up S.A. de C.V. reaparece en el escenario federal con una ambición difícil de justificar: pasar de vender termómetros infrarrojos a Segalmex en plena emergencia sanitaria a buscar contratos para proveer camiones y flotas vehiculares al gobierno. Su única participación documentada en compras públicas asciende a poco más de dos millones de pesos, por la adquisición de 500 termómetros autorizada por René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas, hoy preso por corrupción. No hay rastro de licitaciones, alianzas comerciales, certificaciones técnicas ni contratos posteriores que evidencien un crecimiento empresarial sólido. Lo único verificable es que, desde 2020, Sales Up no volvió a aparecer en plataformas oficiales de contratación.

Pese a esta ausencia total de historial, la compañía ahora intenta incursionar en un sector que exige capacidades comprobables: estructura logística, personal especializado, servicio postventa, financiamiento, garantías y una operación comercial constante. Ningún registro público sugiere que Sales Up cuente con infraestructura industrial, vínculos con fabricantes de vehículos o experiencia en la gestión de flotas. Su salto de un producto de bajo valor agregado a bienes de capital intensivo, no coincide con prácticas normales del mercado. Es un crecimiento súbito, sin señales previas, sin activos visibles y sin indicadores de solvencia. En el entorno empresarial y gubernamental, esto tiene a todas luces un tinte de opacidad.

Según su acta constitutiva, la empresa fue creada en 2018 por Gaer Zamora Alonso y Diana Madrigal Flores, con Hugo Barrera Morales como administrador único. En siete años, lo único que ha dejado huella verificable es un contrato otorgado dentro de una dependencia hoy marcada por desfalcos, irregularidades y redes de intermediarios. Por eso el intento de entrar al negocio de vehículos no solo es llamativo, sino que podría ser un riesgo para el erario.

Una compañía sin experiencia, sin trayectoria y con un antecedente ligado a un funcionario procesado que aspira a contratos millonarios en un sector estratégico levanta muchas sospechas. Y sobre todo, quién abre la puerta para que un proveedor fantasma quiera convertirse, de la noche a la mañana, en jugador del mercado automotriz federal.