La deuda del Ayuntamiento de Minatitlán con la empresa Cibernética, que asciende a aproximadamente 680 millones de pesos, motivó a la diputada local Naomi Gómez Santos a presentar una iniciativa para establecer mecanismos que protejan las finanzas municipales ante la rescisión de contratos y eviten que decisiones administrativas generen obligaciones millonarias para futuras administraciones.
La legisladora señaló que el conflicto tiene su origen en la terminación de un contrato relacionado con la disposición de desechos, realizada hace aproximadamente 17 años, sin que presuntamente se cumplieran los procedimientos legales correspondientes.
De acuerdo con la exposición de la diputada, el adeudo representa una presión significativa para las finanzas municipales, pues equivale a cerca del 80 por ciento de los recursos que ejerce el Gobierno de Minatitlán durante 2026.
Gómez Santos advirtió que las consecuencias de decisiones tomadas en administraciones anteriores pueden limitar la capacidad de los gobiernos actuales para atender las necesidades de la población, particularmente en materia de obra pública y desarrollo urbano.
Buscan establecer protocolos para cancelar contratos
La iniciativa presentada por la diputada del Distrito XVIII plantea establecer una guía de actuación para los ayuntamientos cuando determinen dar por terminados contratos con empresas proveedoras de servicios.
El objetivo es que las autoridades municipales cuenten con procedimientos claros que permitan revisar las implicaciones jurídicas y financieras antes de rescindir acuerdos, con el propósito de prevenir litigios y obligaciones económicas que comprometan los presupuestos públicos.
La legisladora consideró que Minatitlán debe convertirse en un referente para el resto de Veracruz en materia de protección de las finanzas municipales, a fin de evitar que otros gobiernos enfrenten situaciones similares.
La propuesta busca que las decisiones administrativas relacionadas con contratos se adopten con apego a la legalidad y mediante una evaluación de los posibles efectos presupuestales para los municipios.
Deuda compromete recursos para obra pública
Uno de los aspectos señalados por Gómez Santos es el impacto que el adeudo con Cibernética podría tener sobre la capacidad financiera de Minatitlán.
La cantidad de 680 millones de pesos representa, según lo expuesto por la legisladora, alrededor del 80 por ciento de los recursos que ejerce el Ayuntamiento en 2026, situación que reduce el margen de maniobra para atender proyectos y necesidades de la población.
La diputada sostuvo que las consecuencias de una decisión tomada hace casi dos décadas no deberían recaer sobre generaciones enteras ni comprometer de manera prolongada el desarrollo de una ciudad.
En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y supervisión en los gobiernos locales para que las controversias contractuales no se traduzcan en cargas financieras que afecten la prestación de servicios y la ejecución de obras.
Proponen proteger las finanzas de los municipios de Veracruz
La propuesta legislativa pretende ampliar la protección de los recursos públicos municipales mediante procedimientos que orienten a los ayuntamientos ante la cancelación o rescisión de contratos.
El caso de Minatitlán, expuso Gómez Santos, muestra la importancia de analizar las consecuencias legales de las decisiones administrativas y de garantizar que los gobiernos actúen conforme a los procedimientos establecidos.
La iniciativa busca que la experiencia del municipio sirva como antecedente para fortalecer la gestión pública en Veracruz y reducir el riesgo de que futuras administraciones deban destinar una proporción considerable de sus recursos al pago de controversias heredadas.
El alcance final de la propuesta dependerá de su análisis y del avance del proceso legislativo correspondiente.
EL DATO:
La empresa que mantiene una millonaria demanda en contra del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, es Comunicaciones Cibernéticas S.A. de C.V., la cual es propiedad del empresario Julio Aldana Prieto (hermano de Ricardo Aldana, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM).
Detalles clave del caso:
Origen del conflicto: En 2004–2005, el Ayuntamiento de Minatitlán otorgó una concesión a la empresa para el servicio de recolección y disposición de residuos sólidos (limpia pública).
Durante la administración de la alcaldesa Guadalupe Porras David, el contrato fue cancelado debido a que la empresa incumplió con diversas cláusulas (como seguir tirando basura en el sitio de Las Matas y no construir la planta de procesamiento prometida)
