La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a los aliados políticos de Morena —el Partido Verde y el PT— en la antesala de la ruptura y bajo el concepto de “traidores”, aunque no lo haya dicho tal cual.

El caso del Partido Verde es el más interesante y explosivo. Sin sus votos, no se logra la mayoría calificada que Morena necesita para modificar la Constitución, lo que abre un escenario de fricción que podría derivar en un rompimiento de la alianza rumbo a las elecciones intermedias.

La postura del Verde ha sido ambigua en lo formal, pero contundente en los hechos. Mientras algunos de sus legisladores adelantaron que votarían en contra de la reforma electoral, el partido difundió este martes un escueto comunicado en el que aseguró que esas declaraciones “son expresiones a título personal y no representan la postura oficial del partido” y que su Comité Ejecutivo emitirá una posición una vez evaluada la iniciativa. Se intentó matizar la rebelión interna, pero al mismo tiempo se confirmó que el partido no va respaldar automáticamente el proyecto presidencial.

Los desencuentros recientes han sido constantes. Hace unos días el coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, levantó la mano de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, como posible candidata a la gubernatura en 2027, un gesto que desafía abiertamente la política antinepotismo impulsada desde Palacio Nacional.

En paralelo, reapareció públicamente el verdadero jefe político del Verde, Jorge Emilio González Martínez. El heredero del partido acudió la semana pasada a una reunión para analizar la reforma electoral y explicó que asistía en representación de Velasco, quien —según dijo— “estaba en Polanco”. El llamado “Niño Verde” dejó clara la posición del partido: “Vamos a oír, no conocemos la versión final… yo vengo nomás a recibir y de aquí me voy a ver a Manuel Velasco y ya le platicaré”. La escena dejó ver quién toma realmente las decisiones dentro del PVEM.

El mensaje fue reforzado después por el senador Luis Armando Melgar, quien confirmó que el partido no acompañará la reforma electoral en los términos actuales. Y ese posicionamiento es el que explica el comunicado difundido este martes: un intento de bajar la presión sin comprometer el voto de la bancada.

El problema para Morena es que el Verde no es cualquier aliado. Su peso legislativo ha sido decisivo en varias reformas constitucionales durante los últimos años. Sin esos votos, el oficialismo no alcanza la mayoría calificada para modificar el sistema electoral. De ahí que desde el gobierno se haya comenzado a advertir que quienes no respalden la reforma serán considerados una suerte de “traidores” al proyecto político de la 4T.

La presidenta Sheinbaum, sin embargo, ha dejado claro que no piensa modificar lo sustancial de su iniciativa. “Yo cumplo con la gente y la gente sabrá quién votó a favor y quién votó en contra”, dijo recientemente. Y fue más allá al señalar que Morena tendrá que definir si mantiene su alianza con el Verde y el PT.

La advertencia coloca al Verde frente a una disyuntiva que conoce bien: negociar o tensar la cuerda. A lo largo de su historia, el partido ha sobrevivido precisamente gracias a su capacidad de convertirse en aliado indispensable de quien gobierna. Esa lógica le ha permitido pasar de coaliciones con el PRI a acuerdos con Morena.

Pero el historial del Verde también explica por qué su postura genera desconfianza dentro de la coalición. El partido ha estado envuelto durante años en diversos escándalos políticos. Uno de los más emblemático ocurrió en 2004, cuando se difundió un video en el que Jorge Emilio González negociaba presuntamente un soborno de dos millones de dólares para facilitar permisos de desarrollo turístico en Cancún.

Otro de los expedientes más controvertidos involucra a Manuel Velasco durante su gobierno en Chiapas entre 2012 y 2018. Investigaciones periodísticas documentaron pagos millonarios a empresas fantasma y presuntas triangulaciones de recursos públicos a través de contratos de comunicación social, en lo que se conoció como la llamada “Estafa Verde”.

En Quintana Roo, uno de los bastiones históricos del PVEM, también se han acumulado controversias que incluyen investigaciones por presuntos esquemas de despojo de propiedades y redes de influencia política vinculadas a dirigentes locales del partido. Estos antecedentes ayudan a entender por qué el partido ha construido una reputación de operador político pragmático, capaz de resistir escándalos.

Hoy ese capital político es precisamente lo que está sobre la mesa en la discusión de la reforma electoral. El Verde sabe que su voto es decisivo y lo está utilizando para negociar. Morena, por su parte, enfrenta el dilema de ceder en algunos puntos o apostar por la ruptura. La Presidenta al parecer va por la segunda.

Posdata 1

En medio del reacomodo político rumbo a la sucesión en Quintana Roo, en distintos círculos de Morena y del Partido Verde se comenta cada vez con más insistencia que el director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, no estaría considerando dejar el cargo en el corto plazo para irse a hacer campaña. La fecha probable es septiembre. De mantenerse ese escenario, el senador Eugenio “Gino” Segura, el perfil más cercano a la actual gobernadora Mara Lezama, podría adelantarse y dejar el cargo próximamente.

Las señales recientes también revelan tensiones alrededor del tema. El fin de semana pasado comenzó a circular un aviso atribuido a Grupo SIPSE Radio de Quintana Roo en el que se instruye a conductores y reporteros no hablar ni opinar sobre Rafael Marín. Poco después, la gobernadora Mara Lezama publicó un mensaje en redes sociales junto al titular de Aduanas destacando su supuesta cercanía y el trabajo conjunto dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. En el ambiente político local ambos episodios fueron interpretados como la confirmación de que efectivamente hay “pique”.

La posible ruptura de Morena con el Verde hacen más probable que Quintana Roo permanezca bajo la influencia de Jorge Emilio González, quien vive en el estado y tiene una gran influencia en la política local y en el gobierno de Mara Lezama.

Posdata 2

Por el servicio de limpieza y mantenimiento de catenarias en los tramos 3B y 4 del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Ricardo Trevilla, adjudicó el contrato abierto TM-CGRMSG-SVS-0020/2026 a la empresa Construcciones Urales Proceso Industriales SA de CV, en conjunto con Gami Ingeniería e Instalaciones SA de CV, por un monto de hasta 236 millones 163 mil pesos, sin impuestos.

De acuerdo con el anexo técnico del contrato, las firmas adjudicadas deben implementar, gestionar y administrar el mantenimiento de los activos que forman parte de la infraestructura eléctrica ferroviaria en dichos tramos que van desde la estación Mérida Teya en Yucatán hasta la estación Cancún en Quintana Roo, un aproximado máximo de 300 kilómetros. Esto durante un periodo de dos años, del 30 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Acá lo interesante. Construcciones Urales Proceso Industriales, dirigida por Julio José Cruz Moya, es una empresa filial de Grupo Azvi, conglomerado de origen español acusado de entregar sobornos en ese país a cambio de contratos de obra pública, un caso que es conocido como Koldo. Además, de 2019 a 2023 junto a otras firmas como Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales obtuvo 58 mil millones de pesos en total por contratos en México, con lo que el grupo español aumentó en 262% sus ganancias.

En 2025, Gami Ingeniería fue involucrada en un contrato irregular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Según la Auditoría Superior de la Federación, esta dependencia firmó dos contratos en distintos años (2017 y 2021) con esa empresa para el mismo fin: la construcción de un retorno en la Línea 5 del Metrobús.

Posdata 3

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán comenzaron y siguen impactando a los mercados internacionales. La calificadora Moody’s advirtió que una escalada del conflicto podría disparar los precios del petróleo y presionar las calificaciones crediticias de países y empresas, dependiendo de cuánto tiempo se prolonguen las interrupciones en el suministro energético o las restricciones en la región del Golfo Pérsico.

Este martes el West Texas Intermediate (WTI) subió alrededor de 6.2% para ubicarse en 75.66 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó cerca de 6.1% hasta 82.44 dólares y la mezcla mexicana de exportación también siguió la tendencia y cerró alrededor de 63 dólares por barril, impulsada por el nerviosismo de los mercados ante un posible choque de oferta energética derivado de la tensión en Medio Oriente.

La turbulencia también alcanzó al mercado cambiario. El peso mexicano se debilitó frente al dólar y cerró alrededor de 17.63 pesos por unidad, con una depreciación cercana al 2% en la jornada, lo que representó su peor desempeño desde abril de 2025. El movimiento refleja la mayor demanda global por activos refugio y la presión que suelen enfrentar las monedas emergentes cuando aumentan las tensiones geopolíticas y suben los precios del petróleo.