El ex titular de la UIF dijo que varias empresas de materiales electorales fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas por posibles operaciones ilícitas.

ablo Gómez afirmó que la UIF incorporó a la lista de personas bloqueadas a empresas proveedoras de materiales electorales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según informó REFORMA, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló del caso al explicar las medidas aplicadas durante su gestión contra compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Gómez, actual titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sostuvo que las investigaciones se apoyaban en elementos contables y documentales. La inclusión en la lista restringe las operaciones de las personas señaladas dentro del sistema financiero.

El exfuncionario describió a las empresas como intermediarias en contratos del Instituto Nacional Electoral y de organismos públicos locales electorales. Aseguró que obtenían asignaciones para suministrar materiales, pero no tenían infraestructura industrial propia y subcontrataban la producción con otras compañías.

Durante su gestión, la UIF emitió el acuerdo 401/2023, fechado el 17 de noviembre de 2023, para incorporar a la lista a Corporativo Zeg y Cajas Graf, además de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Gómez confirmó que la medida se aplicó a varias empresas vinculadas con ese esquema.

Según explicó, el bloqueo también permite identificar cuentas y operaciones financieras que la autoridad quizá no había detectado inicialmente, pues las instituciones financieras deben informar de sus relaciones con las personas incluidas. Gómez señaló que, al incorporarlas a la lista, pueden aparecer más actividades financieras asociadas con ellas.

Gómez también defendió cambios legales sobre las suspensiones contra la inclusión en la lista. Cuestionó que anteriormente algunos jueces concedieran medidas que permitían a las personas investigadas salir de ella antes de que concluyeran los juicios de amparo. A su juicio, eso les permitía volver a realizar operaciones. Además, sostuvo que las investigaciones enfrentaban dificultades por el desempeño del Ministerio Público y defendió reformas para fortalecer la investigación de esos delitos.