El Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga de inmediato la investigación de los crematorios localizados en el rancho La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco.

“Se habla de al menos mil víctimas con nombre y apellido, jóvenes cuyas vidas fueron truncadas por la violencia. Eran hijos, hermanos, amigos, seres humanos que merecen justicia”.

A través de un comunicado, Acción Nacional dijo que no se puede permitir que este crimen quede impune ni que la verdad sea enterrada, como ha ocurrido en otros casos de violencia extrema en el país.

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió no normalizar la violencia tras la localización de crematorios.

Señaló que las imágenes de cientos de zapatos abandonados, de credenciales extraviadas y de restos humanos calcinados “no solo nos estremecen, sino que evidencian la crisis de violencia e impunidad”.

Mencionó que “este hallazgo es una prueba más de que México se ha convertido en un enorme cementerio clandestino, donde el crimen organizado opera con absoluta impunidad, sin que gobierno alguno asuma su responsabilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

“¿Cuántas tragedias más necesitamos para que este gobierno actúe con firmeza? Morena ha sido omiso ante el avance del crimen organizado y ha abandonado a los ciudadanos a su suerte”.

Se informó que los testimonios de los sobrevivientes describen un centro de reclutamiento forzado y exterminio operado por el crimen organizado, donde decenas de jóvenes fueron brutalmente sometidos, asesinados y desaparecidos.

“Estamos ante una tragedia de magnitudes nunca antes vistas en nuestro país, un horror que nos recuerda los peores episodios de la historia mundial. A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta Oficial ha sido pasiva y evasiva, y esta indiferencia es inaceptable. México necesita acciones urgentes para frenar la barbarie y hacer justicia a las víctimas”.

El PAN exigió la identificación inmediata de los restos hallados y una investigación independiente que determine el nivel de responsabilidad de las autoridades en la omisión de estos hechos.

Además, la atención y protección, en su caso, para las familias de las víctimas, así como un compromiso real con los colectivos de búsqueda, que han hecho el trabajo que el Estado ha dejado de hacer.

También, la intervención de organismos internacionales para garantizar justicia y evitar que esta masacre quede impune.