Pobladores de la colonia Rancho Alegre y el Naranjal, en Oteapan, han tenido que recurrir a la protección del poder judicial de la federación para exigir obras al Ayuntamiento que preside Jairo Cesar Martínez González.
Producto de esta demanda de amparo indirecto; un juez federal ordenó al Juzgado municipal, realizara una inspección ocular y realizara la labor de actuario, para que certificara la inexistencia de obras en ese sector de la cabecera municipal de Oteapan.
El juez que atiende la demanda social, es el décimo cuarto de distrito con sede en Coatzacoalcos, Juan José Contreras Madero, el cual inició el proceso correspondiente para determinar si ampara a los reclamantes de obra social.
La inspección ocular se llevó a cabo este martes, por la mañana, en el callejón Niño Perdido, correspondiente en parte, a la colonia Rancho Alegre y otra, al Naranjal.
Este mismo juez, ya otorgó una suspensión provisional a fin de que el gobierno municipal contemple de inicio, algún recurso que se destine a ese callejón pero ha hecho caso omiso.
Esta no es la primera vez que los ciudadanos de Oteapan, a través de Heladio López Pérez, logran mediante demanda de amparo, que se atienda la demanda social de obras sociales.
En septiembre del 2024, igualmente, mediante proceso judicial federal, lograron que la Secretaría de Veracruz, mediante la dirección de espacios educativos, se viera obligada a disponer de recursos para la construcción de tres talles, baños y una obra exterior, en la escuela secundaria general “José Vasconcelos Calderón” de Oteapan.
Un juez federal, otorgó el amparo ante el reclamo social de obra, y la SEV no tuvo otra más que cumplir con el requerimiento judicial.
La demanda fue presentada por dos madres de familia y actualmente la Secretaría realiza la inversión de dos millones de pesos.
El 30 de enero pasado, el Juez federal, Juan José Contreras Madero y el Magistrado de Circuito, Marín Acevedo Peña, acudieron personalmente a la Secundaria para verificar el cumplimiento del amparo concedido por la primera autoridad, pues representa un procedente judicial, ante una suspensión judicial definitiva que se otorgó a los reclamantes de esas obras, ante la SEV.
SANTOS LOPEZ CELDO/Imagen del golfo
