Ante las críticas surgidas en sectores de la oposición por la nueva Ley de Seguridad, recientemente en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente que esta reforma represente un riesgo para la privacidad de las y los ciudadanos.
En respuesta al debate generado, propuso incluso renombrar el conjunto de disposiciones como “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, para subrayar su carácter social. “No tiene nada que ver con el espionaje”, sostuvo.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que “es falso de toda falsedad” que las modificaciones legales otorguen nuevas capacidades al Estado mexicano de vigilancia a las personas, como han señalado diversas voces políticas y analistas, quienes se refieren a la reforma como una “ley espía”.
CURP biométrica y garantías constitucionales
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la incorporación de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), propuesta que ha sido señalada como una potencial amenaza a los derechos fundamentales.
En este sentido, Sheinbaum aseguró que no hay vigilancia fuera del marco constitucional, y que los datos únicamente buscan reforzar la identidad única y segura de cada persona en trámites administrativos y servicios públicos.
“No es cierto que se busque espiar. No estamos repitiendo prácticas del pasado. Lo que estamos haciendo es reorganizar leyes, simplificar trámites y reforzar los derechos de la ciudadanía”, puntualizó.
La presidenta reiteró que toda intervención de comunicaciones o localización de personas solo puede realizarse mediante una orden judicial federal, con base en una carpeta de investigación formal y bajo el debido proceso legal.
En un tono firme, Claudia Sheinbaum también arremetió contra lo que calificó como una campaña de desinformación con tintes políticos por parte de ciertos actores de la oposición.
Señaló que “no importa qué ley se proponga, siempre van a estar en contra” y acusó a estos grupos de tergiversar el contenido jurídico para generar miedo e incertidumbre en la población.
Libertad de prensa y derechos de las audiencias
Además, la mandataria defendió que la nueva Ley de Telecomunicaciones no limita la libertad de expresión ni restringe los medios de comunicación, como se ha sugerido en redes sociales y columnas de opinión.
Por el contrario, dijo que se restablecen derechos de las audiencias que fueron eliminados en 2017, lo que implica mayor protección para las y los consumidores de contenidos audiovisuales, incluyendo la obligación de diferenciar información noticiosa de opinión.
La reforma, no contempla la suspensión arbitraria de transmisiones, ni crea mecanismos de censura previa. La regulación propuesta estará a cargo de una nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, y con participación ciudadana en su vigilancia, sostuvo.
La Presidenta recordó que, según el Artículo 16 de la Constitución, ninguna autoridad puede intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial fundado y motivado.
