laudia Sheinbaum quiere que el relevo de Guadalupe Taddei al frente del INE sea una persona sin vínculos partidistas y con una reputación que resista el escrutinio público. “La Presidenta quiere que sea alguien ‘impoluto’, sin ninguna relación con partidos y con un prestigio incuestionable”, asegura una fuente de Palacio Nacional. Dicho perfil obliga a revisar a fondo a algunos de los que ya compitieron en abril.
Bernardo Valle Monroy, exconsejero electoral capitalino que participó desde Gobernación en los trabajos de la reforma electoral presidencial, es uno de los posibles aspirantes al cargo. Llegó a una quinteta para incorporarse al INE, pero su nombre no consiguió el acuerdo final entre Morena y sus aliados. Tiene experiencia y acceso al gobierno; el problema es que esa proximidad complica presentarlo ahora como un árbitro ajeno a los intereses del oficialismo.
Valle pertenece a una generación de funcionarios del antiguo Instituto Electoral del Distrito Federal que trabajó con varios de sus presidentes. Fue secretario ejecutivo durante las gestiones de Claudia Zavala, Gustavo Anzaldo, Néstor Vargas y Diana Talavera.
Otro perfil es Néstor Vargas Solano. Después de presidir el instituto capitalino entre 2012 y 2013, acompañó a Sheinbaum en Tlalpan y posteriormente fue su consejero jurídico en el gobierno de la ciudad. En 2025 ella lo eligió para integrar el Órgano de Administración Judicial, que ahora encabeza. Su experiencia y confianza presidencial lo hacen un interlocutor lógico, pero su cercanía a Palacio lo hacen poco viable.
En ese entorno también aparece Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México desde 2021 y aspirante a una consejería nacional en abril. Su carrera electoral comenzó en 1999. Conoce la operación distrital y tuvo interlocución con Sheinbaum durante la crisis presupuestaria del organismo en 2021.Anúnciate aquí
Gabriela Williams Salazar es otra aspirante potencial. Fue consejera del instituto capitalino entre 2014 y 2020 y presidió la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales en 2016 y 2017. Esa responsabilidad le dio interlocución con funcionarias de organismos de todo el país. Su experiencia rebasa la operación local, aunque no hay elementos suficientes para colocarla en el círculo que gravita alrededor de Sheinbaum.
Sonia Pérez Pérez tiene un recorrido distinto. Antes de incorporarse al Consejo General del IECM trabajó como secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal y en el tribunal capitalino. También fue asesora de una consejera del IFE. Su formación combina la revisión jurídica de controversias con la administración electoral, dos funciones para conducir un instituto que deberá organizar los comicios más grandes de la historia en 2027.
Fuera de la capital, Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del instituto mexiquense, acumula experiencia en consejos distritales y locales del IFE y del INE. Es académica de la UNAM y ha trabajado temas de fiscalización, transparencia y paridad. Williams, Pérez y Vaquera permiten examinar una salida profesional sin atribuirles gran cercanía a Palacio Nacional.
Otro nombre es Daniel Preciado Temiquel, quien llegó a las quintetas de abril y en octubre asumió la presidencia del Tribunal Electoral de Guerrero. Antes ocupó responsabilidades jurídicas y de lo contencioso electoral en el instituto de esa entidad. Se le vincula con Carlos Augusto Morales, secretario particular de Sheinbaum.
La decisión formal corresponde a la Cámara de Diputados, a partir de una quinteta. Para Sheinbaum, el principal reto será sostener el criterio de impulsar a alguien ‘apartidista’, ‘impoluto’ y con experiencia. El coordinador de los diputados morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, también tiene sus candidatos y candidatas. Lo que es un hecho es que los perfiles serán escudriñados con lupa, tras el escandaloso y lamentable paso de Taddei por el instituto electoral.
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La exigencia de cárcel para Guadalupe Taddei ya salió de la bancada de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador en San Lázaro, pidió que la FGR investigue los contratos del INE y asegure bienes y cuentas de las empresas involucradas. En tanto, Sheinbaum llamó a esperar las auditorías y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, se habla de que Taddei ya habría dejado el país con destino a Estados Unidos o a alguna nación europea.
La crisis también puso bajo escrutinio los cargos públicos de su familia y forzó, por ahora, a Alfonso Durazo a defender la incorporación de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera, como su secretario particular. Otro hijo, León Fernando, trabajó hasta febrero en la dirección de Mercadotecnia de la Conade, mientras que Pablo Daniel Taddei encabeza LitioMx. EL UNIVERSAL documentó remuneraciones de la exfuncionaria y al menos siete familiares en dependencias federales y sonorenses. El costo político ya se extendió a esos nombramientos.
En lo que hace al contratista José Alfredo Hernández Casillas, siguen saliendo a la luz audios comprometedores e inmuebles donde habrían vivido Jorge Francisco y León Fernando Piñeda Taddei. A ello se suma la investigación sobre compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas que obtuvieron 853 millones de pesos en 21 licitaciones en las que aparentaron competir entre sí. El escándalo sigue creciendo.
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El caso de Taddei alcanzó a Sergio Gutiérrez Luna y al órgano encargado de investigar las irregularidades del INE. Las denuncias de extrabajadores sobre presuntos cobros para conservar sus plazas en el Órgano Interno de Control y atribuyeron al diputado morenista influencia sobre esa estructura. Según los testimonios, a subdirectores les exigían 15 mil pesos mensuales. Gutiérrez Luna rechazó las acusaciones, negó tener personal colocado en el OIC y sostuvo que conoció al contralor Víctor Hugo Carvente hasta su toma de protesta.
También quedó expuesto el respaldo político que permitió a Taddei concentrar facultades. El 23 de octubre, cuando ya se conocían los señalamientos, Gutiérrez Luna todavía defendía las atribuciones que el Congreso le otorgó en 2024. El senador panista Mario Vázquez pidió investigar las relaciones de la exconsejera con el propio diputado y con Alfonso Durazo, a quienes señaló como promotores de su llegada al INE.Anúnciate aquí
La revisión externa está en manos de Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo vínculo familiar con el entorno presidencial es conocido. Su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios, trabajó con Sheinbaum en Tlalpan y fue su secretario particular en la Jefatura de Gobierno. El auditor llegó al cargo en marzo con 472 votos, incluidos los de la oposición. Ahora la ASF también revisa al OIC del INE. Esa fiscalización tendrá que establecer tanto las irregularidades en las contrataciones como las posibles omisiones de quienes debían detectarlas. Aquí se verá cuántos dientes realmente tiene la ASF y hasta dónde llegarán los pupilos de Hernández Palacios con las denuncias penales y las demandas administrativas.
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El gobierno de Jalisco adjudicó 234 millones de pesos a Seguridad Electrónica y Comunicaciones California para desarrollar sistemas de justicia cívica biométrica, análisis estratégico y procesamiento de datos, además de la infraestructura para operarlos. Semanas antes, la misma empresa firmó un contrato por 5.49 millones para suministrar dos rifles antidrones a la Secretaría de Seguridad. Las dos operaciones suman 239.49 millones de pesos, IVA incluido. En la compra biométrica participaron tres empresas, pero sólo una quedó solvente después de la evaluación. La ganadora presentó el precio más bajo.
La compañía fue constituida en La Paz, Baja California Sur, en junio de 2020. En el contrato de Jalisco aparece Iván López Martínez como gerente administrador y representante. Sin embargo, el padrón de proveedores del gobierno sudcaliforniano incorpora otro nombre junto al mismo RFC de la sociedad, Juan Ernesto Vega Pérez. Este último figura en un directorio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur como gerente de Imprim3D–Soluciones Tecnológicas. Ambos registros comparten teléfono comercial.
Su relación con compradores públicos antecede a los contratos de Jalisco. Las notas financieras del Ayuntamiento de Los Cabos registraron en julio de 2023 un saldo de 18 millones 505 mil 600 pesos en anticipos a Seguridad Electrónica y Comunicaciones California.
En Jalisco, el fallo biométrico desechó a Report Now Telecomunicaciones por inconsistencias documentales y a Nubin Tecnologías por incumplimientos técnicos y de certificación. Parte del detalle técnico está reservado y la adjudicataria solicitó un anticipo de 50%.
