Un audio, una visa cancelada, presuntos intermediarios ante agencias de Estados Unidos y el nombre de un abogado de alto perfil en Miami volvieron a colocar bajo presión política a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
La mandataria morenista confirmó que hizo trámites legales para intentar que el gobierno estadounidense reconsiderara la revocación de su visa, pero negó haber buscado un acuerdo irregular o “en lo oscurito”, como planteó el periodista Héctor de Mauleón en una columna publicada en el periódico El Universal.
La nueva polémica no sólo gira alrededor del audio de la llamada filtrada, en la que se habla de una posible reunión en una oficina privada del consulado estadounidense en Tijuana, sino también del perfil del abogado mencionado por la propia gobernadora: Michael B. Nadler, exfiscal federal en Miami, especializado en investigaciones de lavado internacional de dinero, corrupción, sanciones, fraude y casos de cuello blanco.
Marina del Pilar ha sostenido que la cancelación de su visa es un asunto administrativo, pero en el audio se escucha que buscó que el tema fuera atendido por un abogado con experiencia en investigaciones federales complejas, lejos de Baja California, según ella misma dice en la grabación, para evitar filtraciones.
Hasta ahora no hay información pública que permita conocer cuánto habría pagado Marina del Pilar por esa asesoría, si se trató de recursos personales, si participó algún tercero o si existió algún gasto público relacionado con esos servicios. Tampoco se ha hecho pública una factura, contrato o documento oficial que permita conocer el monto exacto o las condiciones de esa asesoría.
En declaraciones al Semanario ZETA, la gobernadora aseguró que la llamada ocurrió en el contexto de gestiones legales para que Estados Unidos reconsidere la revocación de su visa, sostuvo que los supuestos acuerdos irregulares son un “invento total” y afirmó que la reunión mencionada en la conversación nunca ocurrió.
La llamada y el abogado
La controversia, que vuelve a poner a la gobernadora en el centro de la discusión después de la cancelación de su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, surgió a partir de la columna “El audio en el que Marina del Pilar busca un acuerdo con EU”, de Héctor de Mauleón.
El columnista escribió que la gobernadora buscó acercarse a agencias estadounidenses a través de un grupo de contactos que, según fuentes citadas por él, se presentaban como “asesores externos del FBI”.
El antecedente de Carlos Torres también forma parte del contexto del caso. En mayo de 2025, el entonces esposo de la gobernadora informó que autoridades consulares de Estados Unidos le habían revocado su visa de no inmigrante y sostuvo que se trataba de una decisión administrativa del Departamento de Estado, no de una acusación formal en México ni en Estados Unidos. Poco después, Marina del Pilar informó que también había recibido una notificación similar.
La cancelación de la visa a la gobernadora tomó relevancia política por tratarse de una mandataria en funciones, en un estado fronterizo con una relación cotidiana con Estados Unidos en seguridad, comercio, migración y coordinación binacional.
En la grabación difundida, uno de los interlocutores le dice a Marina del Pilar que puede llevar a sus abogados y que la reunión podría hacerse en el consulado estadounidense, en una oficina privada en Tijuana, además de ofrecer ayuda con posibles “sanciones y cargos”.
La gobernadora pregunta entonces si las reuniones que ya había tenido estaban bien, y uno de los interlocutores traduce en inglés la duda sobre si deben hablar con ella o con su abogado.
Marina del Pilar responde que para ella es importante que el tema se lleve por esa vía, porque su abogado tiene “todo el tema jurídico”. En la misma conversación dice estar tranquila, y asegura que se ha reunido con quienes la han buscado de las agencias.
“Yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa”, dice la gobernadora en el audio.
Después agrega que le gustaría que todo fuera a través de su abogado, para que él se encargue de los trámites legales y jurídicos, y pudiera explicarle la situación.
Cuando le preguntan el nombre de su abogado, Marina del Pilar menciona a Michael Nadler, a quien ubica en Miami. Luego dice que al principio buscó a alguien alejado de Baja California porque no sabía cómo estaba la situación y quería evitar filtraciones.


