Durante décadas, algunas entidades públicas en México otorgaron lo que se conoció como “pensiones doradas”, prestaciones que superaban los montos habituales de retiro y generaban inequidad dentro del sistema de pensiones. Estas jubilaciones, que beneficiaban principalmente a altos funcionarios, se volvieron un tema de debate constante entre legisladores y ciudadanos preocupados por el gasto público.
La concentración de este tipo de pensiones en organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) evidenció la necesidad de regular los montos y garantizar un esquema más equitativo para todos los servidores públicos. Sin embargo, el problema no se limita a estas dos empresas: otras dependencias y fideicomisos estatales también otorgaban beneficios similares.
Sheinbaum elimina las “pensiones doradas” de CFE y Pemex, pero no son las únicas: jubilados de otras dependencias también están en la mira
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma al artículo 127 constitucional con el objetivo de eliminar las pensiones doradas, estableciendo que ninguna pensión de personal de confianza de organismos y empresas públicas supere el 50% del sueldo neto del titular del Ejecutivo Federal, equivalente a 67,145 pesos mensuales netos en 2026.
Esta medida no solo abarca a la CFE y Pemex, sino también a instituciones como Bancomext, Banobras, Banrural, Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Nacional Financiera (NAFIN). Además, se aplica de manera general a organismos descentralizados, sociedades de crédito, empresas públicas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, tanto a nivel federal como en estados y municipios.
Alcance y excepciones
Es importante señalar que las Fuerzas Armadas están explícitamente excluidas de esta limitación, al igual que las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias individuales o esquemas de ahorro sindicales. Esto permite que los sistemas de ahorro personal o sindical mantengan sus beneficios, sin afectar el tope general establecido para personal de confianza.
Con esta reforma, el Gobierno de México busca equilibrar el gasto público, eliminar privilegios excesivos y promover un sistema de pensiones más justo, priorizando recursos para el bienestar general y evitando que altos funcionarios reciban pagos desproporcionados a su servicio.
