Desde el presidente Donald Trump hasta el jefe de la DEA, Terry Cole, pasando por el Departamento del Tesoro y el de Estado, los mensajes contra la forma de actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum, con razón o sin ella, ha sido sistemática.
Este viernes se cumplen siete días de un sistemático hostigamiento político del gobierno de Estados Unidos al de México. Desde el presidente Donald Trump hasta el jefe de la DEA, Terry Cole, pasando por el Departamento del Tesoro y el de Estado, los mensajes contra la forma de actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum, con razón o sin ella, ha sido sistemática. El encuentro “muy bueno” y de buen ánimo, como describió la presidenta su plática con Trump en China, fue cosmético, sin que la profundidad de la nueva crisis que vive la relación bilateral se hubiera podido mitigar aun si la reunión no hubiera durado 20 minutos sino 20 horas.
La nueva crisis fue detonada por un episodio que sorprendió en México y, evidentemente, indignó en Washington: el descongelamiento el 5 de noviembre de dos cuentas bancarias al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado en abril pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber brindado protección a Los Chapitos y darles información confidencial sobre operativos policiales y militares, a cambio del robo de boletas, secuestros e intimidación a sus rivales en la contienda por la gubernatura en 2021, para que ganara.
La decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera fue confirmada por la Secretaría de Hacienda el 13, que provocó la primera reacción del jefe de la DEA, Terry Cole, cuando al celebrar la sentencia de Antonio Oseguera, Tony Montana, hermano del finado fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, afirmó que junto con el Departamento de Seguridad Nacional, perseguirían “sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician, protegen y alimentan estas empresas criminales”. El martes, la víspera del encuentro entre Sheinbaum y Trump, Cole volvió a la carga y dijo que la DEA continuaría “investigando y exponiendo a políticos mexicanos” con vínculos al crimen organizado.
El viaje a China no fue del agrado de la administraición Trump. Días antes de que la presidenta viajara a Shenzhen, la embajada de Estados Unidos en México cuestionó sutilmente los motivos del acercamiento mostrando la disparidad en las exportaciones mexicanas a los dos países, 85% contra 2%. La embajada entró a una discusión con la china en las redes sociales, pero el miércoles, horas después de la reunión de los presidentes, retomó una declaración de Trump el jueves anterior, que caravanas migrantes estaban en una “marcha ilegal” a través de México.
El gobierno de Sheinbaum negó la afirmación, pero dio acuse de recibo y comenzó a informar que en la caravana hay intereses económicos oscuros, abriendo la puerta para una acción que las frene. Pero eso era sólo una parte del calentamiento de las relaciones. Este miércoles apareció el Departamento del Tesoro, ofreciendo 10 millones de dólares a quien aporte información que ayude a desmantelar las redes de lavado de dinero y operaciones de combustible ilegal de los cárteles en México, y de quienes los están ayudando a través de las redes sociales.
Ayer se apretó otra tuerca en Madrid, donde Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono Muñoz, fue detenido a petición de Estados Unidos, a fin de que lo extraditen para que responda por acusaciones de haber lavado dinero para Los Zetas. Muñoz Luévano, un empresario de Coahuila estrechamente vinculado con el exgobernador Humberto Moreira, había sido detenido en Madrid en 2016, y poco después puesto en libertad. En 2020 publiqué que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para aminorar acusaciones en Estados Unidos, aportó información al Departamento de Justicia sobre la relación de Luévano Muñoz con el expresidente Enrique Peña Nieto, con quien volvió a reunirse, cuando menos geográficamente, en la capital española.
La captura de El Mono Muñoz entra en la dinámica de la nueva presión estadounidense contra México, por información confidencial que tienen ambos gobiernos, que tiene que ver con lo publicado ayer en Reforma, que lo vinculó, conforme a un expediente al que tuvo acceso su reportero, a la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, y a nueve marinos más, por permitir el ingreso irregular de 31 buques con combustible de contrabando por las aduanas de Altamira y Tampico.
El Mono Muñoz conecta con Morena. De acuerdo con información de inteligencia del gobierno federal, está vinculado a Ricardo Peralta, primer director de Aduanas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido fuertemente protegido por años por la exministra, exsecretaria de Gobernación y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Carmona figura también en las investigaciones en México y Estados Unidos por sus estrechos lazos con “El rey del huachicol”, Sergio Carmona. La información de inteligencia mexicana ubica a Peralta y a la hermana del senador Adán Augusto López, la finada Rosalinda López, que fue la número dos del SAT, como dos de los arquitectos del esquema de contrabando fiscal.
Como director de Aduanas, Rosalinda López y Peralta, quien siempre ha negado cualquier imputación criminal, impulsaron a Jesús Torres Charles como administrador central de Investigación Aduanera del SAT. Torres Charles, que había sido fiscal general en Coahuila en tiempos de Humberto Moreira, tuvo un paso efímero por el SAT, a cuyo puesto tuvo que renunciar en 2019 ante el escándalo suscitado por acusaciones pasadas de haber estado vinculado a Los Zetas, durante la crisis y desapariciones que vivieron en ese estado.
Esta sucesión de eventos públicos no están desligados, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, que colocaron como detonante de esta nueva crisis el descongelamiento de dos cuentas de Rocha Moya y la resistencia –pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera le ha bloqueado sus activos financieros– a iniciar un proceso penal en su contra, como solicitó el Departamento de Justicia, con fines de extradición. Esa acción fue una nueva provocación autorizada por Sheinbaum, que refuerza la percepción de que hay una infranqueable protección a figuras de la ‘4T’ señaladas de tener vínculos con el crimen organizado.
La decisión de descongelar las cuentas de Rocha Moya coincidió con un aviso de Cole al gobierno sobre varios políticos de Morena de quienes, dijeron, hay pruebas de su colaboración con los cárteles, que por la reacción a los beneficios para el gobernador, fue un movimiento que disgustó enormemente. El viaje a China fue el otro elemento, por lo que volvió a salir el señalamiento de que el fentanilo que se trafica ilegalmente a Estados Unidos por México llega de ese país.


