El régimen en su totalidad lo respalda, lo exoneran –pese a contar con pruebas documentales de sus actos ilegales– y, para que no quede duda, la Guardia Nacional lo está cuidando.
El gobierno ha tomado la decisión de no detener de manera provisional, mientras se analiza su extradición o no a Estados Unidos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los señuelos de que no tiene fuero y podría ser llamado a declarar fueron alimento para las sobremesas. Rocha Moya es un asunto de Estado. El régimen en su totalidad lo respalda, lo exoneran –pese a contar con pruebas documentales de sus actos ilegales– y, para que no quede duda, la Guardia Nacional lo está cuidando. Protegido. Blindado. Después de todo, es la llave que abre la puerta del oscuro santuario de Andrés Manuel López Obrador.
Vale el exgobernador no por él, sino por lo que sabe: las extrañas desapariciones del expresidente en su compañía para adentrarse en la Sierra Madre Occidental, donde estaba el refugio de Ismael El Mayo Zambada; los arreglos con el exlíder del Cártel de Sinaloa, en nombre de su jefe de Palacio, sobre quiénes serían los candidatos a puestos de elección popular, y en cuáles municipios; las razones por las que López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán cuando lo detuvieron; los 150 millones de pesos en efectivo que aportó a la campaña presidencial de 2024. El exgobernador tiene mucha información y ya amenazó: si me hundo, no me voy solo.
El mensaje llegó a su destinataria en Palacio Nacional, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no puede hacer mucho, salvo acuerparlo: es una bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie. Es tan importante Rocha Moya como uno de los pilares del morenismo –por su vínculo con López Obrador–, que camina hacia un choque de trenes con el presidente Donald Trump por protegerlo. El inicio de esta loca carrera fue la petición de captura con fines de detención, que fue negada durante días por falta de pruebas, hasta que entendieron de qué se trataba el Tratado de Extradición y movieron su rechazo apoyados en una frase del artículo 11: “en caso de urgencia…”. Es un artilugio.
Como no hay urgencia documentada, es el argumento, que cada quien esté tranquilo o, para que luego no nos digamos sorprendidos, tengan tiempo para esconderse en algún lugar del mundo o, viendo lo inevitable, negocien ser testigos cooperantes de la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, el poderoso tribunal que está lejos de ser una mera oficina del Departamento de Justicia, como describió la presidenta. La negativa mexicana contradice el espíritu del tratado firmado en 1978 y hace lo mismo con el artículo 119 de nuestra Constitución, que dice que cada estado se compromete a entregar “sin demora” a los criminales.
Rocha Moya y otros nueve sinaloenses no serán criminales hasta que lo determine un juez, pero esto no podrá hacerse hasta que México respete el tratado y los detenga por un máximo de 60 días, límite para que la fiscalía estadounidense presente las pruebas y un juez en México determine sus méritos, para que entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores decida si los extradita o no. Esto, hoy, no va a suceder, porque como anticipó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no existe ningún señalamiento, menos aún denuncia, de que Rocha Moya anduviera en malos pasos. Por lo tanto, no abrirán ninguna investigación en su contra. Ni siquiera se tomarán las denuncias públicas y ante la autoridad en 2021 sobre la participación de Los Chapitos en la manipulación de las elecciones donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, que es el eje de la acusación en Manhattan, porque lo que está en firme es el encubrimiento.
El garantismo tramposo con el que tratan ahora a Rocha Moya contrasta con la borrachera de felicidad bailando sobre la suerte del exsecretario Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, y la forma ilegal y atrabiliaria con la que desterraron a casi un centenar de narcotraficantes, violando el debido proceso –que hoy se quejan hizo Estados Unidos con el exgobernador–, el derecho de amparo –que varios tenían para evitar la extradición–, y el invocado artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que utilizaron para la expatriación –que no contempla ninguna ley en México–.
La respuesta de Estados Unidos va a venir. Podrían denunciar el tratado (con 60 días de aviso), que es una forma jurídico-diplomática de proceder. Pero también, simultáneamente con la solicitud de detención con fines de extradición, hacer la acusación formal y presentar las pruebas. Estas sí contarían con la máxima secrecía, pero como no hay credibilidad y respeto en un Poder Judicial controlado por el obradorismo, la posibilidad de que aparezcan en la primera plana de los principales diarios estadounidenses, es grande.
No son las únicas opciones que tiene Washington. El Departamento de Justicia tiene prácticamente listas otras acusaciones contra gobernadores y líderes de Morena por vínculos con el crimen organizado. Mandar cazarecompensas por narcopolíticos, para disfrazar las operaciones de sus comandos de élite como la extracción de Zambada, es una alternativa de las fuerzas especiales. El acuerdo comercial norteamericano es otra pistola sobre la cabeza de la presidenta para lastimar la economía. Un nuevo banco al que tres párrafos de un comunicado del Departamento del Tesoro sepulte, golpearía la certidumbre. Gravar remesas, le da directamente a la gente.
La presidenta insistió en el discurso de la soberanía, pero ella misma la ha entregado cada vez que quiere apaciguar a Trump. Lo hizo con los capos desterrados. Lo hizo aceptando, sobre hechos consumados, el vuelo de aviones espía de la CIA sobre territorio mexicano. No tiene un poder simétrico y las palabras están empezando a escucharse huecas por tantas contradicciones y vaivenes en su gestión presidencial. Las voces del régimen dicen que sí tiene opciones, la carta de migración. Actualmente no parece poderosa.
Sheinbaum ha planteado una fuga hacia adelante. Escalar el conflicto le funciona muy bien con el ala dura del obradorismo, pero fuera del régimen va en picada. Javier Tejado lo demostró en su artículo semanal en El Universal, al revelar que la conversación digital sobre Rocha Moya tuvo un alcance de mil 800 millones de personas, con un humor negativo de 75%, que también arrastró a la presidenta con un idéntico porcentaje negativo.
Es una incógnita hasta cuándo mantendrá a Rocha como un asunto de Estado, porque antes tiene que resolver, aunque lo niegue, su dilema: ella o su mentor.
