Estados Unidos presiona cada vez con más fuerza para que México adopte un modelo de aduana binacional, similar al que ya opera en Canadá, con agentes estadounidenses supervisando directamente la entrada de mercancías en territorio mexicano. Actualmente, en 14 de las 19 aduanas fronterizas ya existen despachos conjuntos con personal de EU, lo que en los hechos significa que el gobierno de Donald Trump tiene una injerencia creciente en la seguridad aduanera del país. Para Estados Unidos, reforzar la vigilancia en las aduanas mexicanas no es solo un asunto comercial, sino de seguridad nacional, en la misma línea de la cooperación antidrogas y del control migratorio.
De manera oficial, lo que se ha informado es la existencia del Programa de Despacho Aduanero Conjunto, que ya opera en 16 cruces fronterizos de 14 aduanas —13 terrestres y 3 ferroviarios—. Este esquema permite que autoridades mexicanas y estadounidenses realicen revisiones coordinadas en un solo sitio, con el objetivo de agilizar el comercio y reforzar la seguridad fronteriza, sin que implique ceder el control operativo de las aduanas nacionales. El memorando de entendimiento que dio origen al programa, firmado en 2015, establece que se trata de un mecanismo de facilitación comercial.
Los recintos fiscalizados, operados por privados, han funcionado durante años como “aduanas paralelas”. El problema es que no compartían inventarios en tiempo real y en muchos casos no pagaban impuestos. Un ejemplo revelador es el de Aguascalientes: desde 2020 se habían introducido mercancías por 2 mil millones de pesos sin que el fisco recibiera un solo peso. El esquema era que las mercancías podían permanecer hasta cinco años en estos recintos, lo que permitía triangular, reetiquetar y vender en el mercado interno lo que debía ser exportado o que ingresó bajo regímenes temporales.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que encabeza Rafael Marín, impulsa una autoridad colegiada con Hacienda y la Función Pública para evitar que los expedientes se congelen en fiscalías. La próxima reforma aduanera busca cortar de raíz estos abusos con la reducción de los plazos de permanencia en recintos, la obligatoriedad a la trazabilidad digital y con el otorgamiento de más facultades a autoridades para las revisiones directas. Se busca acotar un negocio que ha servido como vehículo del huachicol fiscal y del contrabando a gran escala.
Con respecto a los agentes aduanales, un gremio históricamente protegido y con fuertes vínculos políticos, ahora enfrentan una presión inédita. Tras el fortalecimiento de las investigaciones contra el huachicol y el contrabando, nueve agentes han sido llevados a prisión, y de una base de 870 patentes vigentes se han cancelado 70, mientras que más de 500 están bajo alerta por irregularidades. La nueva legislación que se discute plantea eliminar privilegios históricos, como la herencia o transferencia de patentes, y endurecer la fiscalización en los recintos donde concentran sus operaciones.
El frente tecnológico tampoco está limpio. En los últimos años se han destinado más de 14 mil millones de pesos a la compra de arcos de revisión, cámaras y sistemas de inteligencia artificial para revisar cargamentos. Buena parte de esos contratos fueron adjudicados a Rapiscan Systems, la firma estadounidense que obtuvo el paquete más grande de modernización aduanera —por más de 11 mil 600 millones de pesos— y otro contrato adicional por 3 mil 800 millones para vigilancia en puertos. El primero otorgado por la Secretaría de la Defensa y el segundo por la Marina.
La ANAM, por su parte, tiene otras licitaciones de tecnología en curso y estima que los nuevos equipos estarán plenamente operativos en 2026, con un centro de análisis en Querétaro que utilizará inteligencia artificial para procesar imágenes de rayos X y escaneos. Sin embargo, el fantasma de la corrupción en contrataciones que se hicieron en el pasado persiste, recordando los excesos del fallido Proyecto Integral de Tecnología Aduanera (PITA), que absorbió recursos multimillonarios sin resolver ningún problema de fondo.
Así, la cruzada contra el huachicol fiscal en aduanas enfrenta múltiples retos. Por un lado, la presión de Estados Unidos para controlar directamente la frontera, el desmantelamiento de recintos fiscalizados que operaban como aduanas paralelas, la limpia en el gremio de agentes aduanales y la revisión de contratos inflados. Si las reformas avanzan, México estaría ante la reconfiguración aduanera más profunda en tres décadas. El reto es monumental: desmontar un negocio que genera miles de millones de dólares y que ha financiado, históricamente, redes de poder político y empresarial.
La caída de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y conocido como el Comandante H, en Paraguay, anticipa una explosión de alcances insospechados para Morena y algunos de sus principales militantes. Con orden de aprehensión desde noviembre del año pasado y ficha roja de Interpol desde julio, fue detenido la madrugada del 13 de septiembre en Asunción, en un operativo coordinado con fuerzas de seguridad mexicanas. Su arresto desató un escándalo político y judicial, pues se trata de un exjefe de seguridad estatal ligado a “La Barredora” y acusado de secuestro y extorsión.
La captura se produce en un momento en que la violencia y el control criminal en el sureste han vuelto a repuntar. El nombre de Bermúdez Requena no sólo aparece en expedientes de la Fiscalía tabasqueña, también en investigaciones que lo señalan como uno de los creadores de una “Hermandad policiaca” que operaba como cártel paralelo. Su salida de México en enero, su refugio en Paraguay y la red de empresas familiares, como Montego Trading S.A., ligada a apuestas clandestinas, dibujan un entramado financiero y criminal de largo alcance.
En esa misma ruta paraguaya ya habían caído familiares suyos. Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exfuncionario, enfrentó arresto domiciliario este mismo año por su papel en Montego Trading S.A., empresa acusada de operar casas de apuestas ilegales bajo la marca Crown City. Junto con otros directivos, el clan aprovechó un vacío regulatorio para mover dinero en efectivo y en línea, reforzando la hipótesis de que Paraguay funcionó como plataforma financiera de la red tabasqueña.
Más allá de la anécdota de su captura, lo que viene son una serie de investigaciones y acusaciones sobre cómo pudo mantenerse al frente de la seguridad de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino, y cómo es que durante ese tiempo su grupo acumuló poder, contratos y protección. La detención en Asunción abre la puerta a un proceso de extradición que podría exponer no sólo a Bermúdez, sino también a los intereses políticos y económicos que le dieron cobijo. Y en medio del escándalo, el propio Adán Augusto ha dicho estar dispuesto a comparecer ante la justicia. Habrá mucho que explicar.
El gobierno de Sinaloa volvió a cancelar el Grito de Independencia por la narcoviolencia en el estado. El 15 de septiembre pasado dejó 14 asesinatos en Culiacán y municipios vecinos, reflejo de la guerra intestina entre Los Chapitos y la facción de “El Mayo” Zambada. Y en los últimos meses, los homicidios dolosos han escalado. En junio se reportaron 212 asesinatos, y los cuerpos encontrados en fosas clandestinas alcanzaron 29.
El costo económico es igual de brutal. El gobierno estatal reconoce el retroceso en el Índice de Paz en México 2025, donde Sinaloa cayó al lugar 22 de 32 entidades. Según ese estudio, la violencia le costó al estado alrededor de 122 mil millones de pesos en 2024. Empresarios señalan cierres masivos de negocios, pérdidas turísticas y paralización de actividades sociales que agravan el daño.
Y mientras tanto, Rubén Rocha Moya acumula crisis y dislates discursivos que tienen su credibilidad por los suelos. Cuando le preguntaron sobre el índice de paz y los altos niveles de violencia, respondió: “No tengo cifras ni voy a hablar de seguridad”. En otra ocasión reconoció que “no hemos mejorado”, aunque declaró que había capacidad operativa suficiente, contradiciendo las estadísticas que muestran el mes más violento de la historia reciente del estado. También dijo que no existen elementos claros para explicar la violencia generada por las facciones criminales, ignorando análisis previos hechos por instituciones nacionales. Estas declaraciones, ante un clima de alarma social reflejan una estrategia reactiva, poco transparente y muy irresponsable del gobernador.
El nuevo incremento al IEPS sobre bebidas azucaradas abrió un frente de batalla entre la industria refresquera y el gobierno. Empresas como Coca-Cola, PepsiCo y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo advierten que la medida no sólo pegará al bolsillo de los consumidores, sino también a la cadena de valor que genera más de 1.5 millones de empleos directos e indirectos. Uno de los argumentos es que el gravamen alcanza incluso a las versiones sin azúcar, con edulcorantes avalados por la OMS y la FDA, lo que contradice los esfuerzos de reformulación y la innovación que las compañías han invertido en la última década.
En San Lázaro, el cabildeo será intenso. Legisladores de oposición han señalado que el alza no cuenta con evidencia de impacto en la salud pública y que, desde su implementación en 2014, el impuesto no ha reducido los índices de obesidad. A cambio, sí ha incrementado la recaudación: más de 250 mil millones de pesos en la última década, que se han ido directo a la caja general del erario y no a programas de prevención o acceso a agua potable. Los voceros de la industria insisten en que sin campañas de educación nutricional y sin infraestructura básica, el IEPS es un castigo disfrazado de política sanitaria.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, el de Salud, David Kershenobich, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo defienden como parte de una “estrategia integral”, pero el debate vuelve al mismo punto: gravar no adelgaza. Si el objetivo es recaudar, que se diga. Si la meta es mejorar la salud, el camino pasa por educación, regulación más inteligente y acceso real a alternativas saludables. Mientras tanto, la narrativa oficial de combatir la obesidad con impuestos se estrella contra la realidad de un país donde el refresco y los jugos embotellados son muchas veces más accesibles que el agua potable.
