Muy difícil de entender que un país cuya economía es la catorceava del mundo se encuentre estancada, con niveles de crecimiento muy por debajo de los alcanzados por sus principales socios comerciales y de una gran cantidad de países latinoamericanos. Como en muchas ocasiones se ha manifestado, México es un país con abundantes y muy variados recursos naturales, lo que nos lleva a cuestionar por qué no es capaz de mantener tasas de crecimiento económicas muy por arriba de las registradas en sus tasas de natalidad.
Más aún, pocos países tienen la gran oportunidad de tener como socios comerciales a dos países vecinos altamente desarrollados como lo son los EE UU y el Canadá, lo que brinda un cúmulo de posibilidades para el desarrollo de prácticamente todos los sectores y regiones del país, así como, la atracción de innumerables proyectos de inversión extranjera directa como ha sucedido en los más de 30 años de vigencia de los dos tratados de libre comercio-TLC y T-MEC-, signados entre México y sus vecinos del norte.
A nivel internacional México es reconocido por la gran capacidad y productividad de su fuerza de trabajo, como sucede en los sectores agrícola, automotriz, autopartero, eléctrico-electrónico, producción de bienes de capital, etc., por lo que el hecho de que la economía no crezca genera aún más confusión.
Quizás entre los factores negativos se encuentre la orientación que se ha dado a la política del gasto público que se ha sesgado hacia la instrumentación de programas asistencialistas de bienestar social poco productivos que significan grandes cantidades de recursos, y no al revés, a instrumentar un modelo en el que el gasto público se destine a proyectos de infraestructura que eficienticen la producción de bienes y servicios y, con ello, lograr una mayor generación de recursos que beneficien a la población en general.
En los últimos años el gasto público que se ha destinado al apoyo de programas sociales (pensiones para adultos mayores, becas educativas y ayuda a mujeres de entre 60 y 65 años y, otros) ha significado alrededor de un 60% del total, en tanto para proyectos de inversión sólo se ha destinado un porcentaje menor al 40%. Importante es mencionar que en el periodo 2018-24 la mayor parte del gasto de inversión se destinó a la construcción de una refinería y un proyecto ferroviario en el sureste del país, que a la fecha no han tenido los resultados que de ellos se esperaba.
Otro factor que igualmente afecta el crecimiento económico del país es el relacionado con el creciente grado de incertidumbre que generó la eliminación de organismos autónomos y la llamada reforma al poder judicial, en proceso actualmente, que ha desconcertado a amplios sectores de la sociedad, al suplantar a la mayor parte de los miembros de carrera del poder judicial por nuevos integrantes elegidos por votación popular, sin que necesariamente detenten algún tipo de experiencia en lo que serán sus nuevas responsabilidades.
La inversión privada nacional, por su parte, ha mostrado en los últimos años una tendencia al estancamiento en niveles promedio del 22% del PIB, por debajo de los alcanzados en la última década, al tiempo que los flujos de nueva inversión extranjera directa (IED) han decaído sustancialmente, ya que después de casi 15 años de incrementos de hasta un 30% anual, en los dos últimos años sólo han representado el 13 y un 5.8%, respectivamente, lo que sin duda refleja el alto grado de incertidumbre que priva en el país y que urge revertir.
El reencuentro de México con el crecimiento económico y su desarrollo requiere de un giro político que privilegie la confianza en sus instituciones y, con ello, la certidumbre del inversionista, nacional u extranjero, así como, una reorientación del gasto público hacia proyectos detonantes de una mayor actividad económica cuyos beneficios sean derramados a toda la sociedad priorizando el apoyo a los más necesitados. POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA ANALISTA POLÍTICO @TIGRE_AGUILAR_C
