La adjudicación de millonarios convenios a empresas bajo sospecha genera un intenso debate legislativo, salpicando a funcionarios electorales y reavivando críticas hacia la gestión del INE.
Diputados de oposición y Morena se enfrentaron en el Congreso de Veracruz por cinco contratos del OPLE que suman 454 millones de pesos. Las acusaciones involucran presunto tráfico de influencias, suplantación de identidad y críticas a la dirigencia del INE.
La exigencia de investigar cinco contratos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, valuados en más de 454 millones de pesos, provocó un severo enfrentamiento entre Morena y la oposición durante la reciente sesión del Congreso del Estado. El debate, que rápidamente escaló hacia el ámbito nacional, se centró en las adjudicaciones otorgadas a las empresas Litho Formas y Cajas Graf, firmas que actualmente se encuentran bajo el escrutinio público por presuntas irregularidades. Según reportes de medios locales como Al Calor Político y Diario de Xalapa, la controversia no solo cuestiona la transparencia del árbitro electoral veracruzano, sino que también reaviva las críticas sobre la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
El punto más álgido de la discusión fue protagonizado por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, quien exigió esclarecer los vínculos entre funcionarios del OPLE y las empresas proveedoras. La legisladora detalló que, del monto total, más de 282 millones de pesos corresponden a dos convenios firmados en 2025 por el secretario ejecutivo del organismo, Luis Fernando Reyes Rocha. Además, Córdova Molina reveló la supuesta existencia de un poder notarial que identifica a Reyes Rocha como representante legal de Cajas Graf, cuestionando severamente la imparcialidad del instituto:
“¿Qué independencia puede tener un árbitro si tiene compromisos desde antes de empezar el partido?”, sentenció la diputada desde la tribuna.
Defensa Institucional y Denuncias Penales
Ante las graves acusaciones, el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, ha negado categóricamente cualquier relación con las empresas señaladas, argumentando ser víctima de un delito. El funcionario electoral informó que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de presunta suplantación de identidad y falsificación de firma. Esta defensa busca deslindar a la institución de los señalamientos de corrupción, mientras que la presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Delgadillo, ha mantenido una postura de apertura a las investigaciones para garantizar la credibilidad del organismo de cara a los próximos comicios de 2027.
Por su parte, la bancada de Morena, a través del diputado Esteban Bautista, intentó contener los ataques asegurando que existe plena confianza en las instituciones electorales locales, aunque reconoció intentos de injerencia externa. Bautista reveló que el empresario Alfredo Hernández Casillas, vinculado a los polémicos contratos a nivel nacional, buscó recientemente un “padrino político” en Veracruz, pero aseguró que “no encontró eco” en las autoridades del estado. Para estructurar la defensa oficialista, los legisladores de la autodenominada Cuarta Transformación destacaron los siguientes puntos:
- Confianza absoluta en la transparencia del OPLE Veracruz.
- Exigencia de aplicar “todo el peso de la ley” a quienes busquen beneficios personales.
- Deslinde de las acciones de empresarios que operaron en administraciones pasadas.
Repercusiones Nacionales y el Factor INE
La disputa en el recinto legislativo veracruzano no se limitó al ámbito local, sino que sirvió como plataforma para que la oposición criticara el respaldo histórico de Morena hacia la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Los legisladores opositores recordaron que, en marzo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió fervientemente la designación de Taddei mediante insaculación, calificándola de “honesta e íntegra”. Sin embargo, ante los recientes escándalos de presunto tráfico de influencias que salpican al órgano nacional, los diputados de MC y otros partidos acusaron al oficialismo de intentar desmarcarse de la funcionaria, argumentando que la crisis de credibilidad del INE inevitablemente permea hacia los organismos estatales.
Especialistas en derecho electoral e investigadores de la Universidad Veracruzana advierten que este clima de confrontación y sospecha podría tener un impacto negativo directo en la participación ciudadana. Si las autoridades competentes, incluyendo a la FGR y a los órganos internos de control, no logran esclarecer rápidamente la legalidad de los 454 millones de pesos adjudicados, el riesgo de un aumento en el abstencionismo para las elecciones de 2027 es inminente. La resolución de este caso se ha convertido en una prueba de fuego para la democracia en Veracruz, exigiendo que la transparencia prevalezca sobre los discursos políticos y las acusaciones cruzadas en el Congreso.
