En las últimas semana el nombre del funcionario federal Omar García Harfuch ha estado en la conversación de medios de comunicación nacionales, y es qe comoque como titular de la  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC),ha sido el encargado de implementar diversas estrategias y de presentar el resultado de las mismas.

Y recientemente ofreció datos de un aseguramniento que llamó la atención, en el marco de las acciones para erradicar el delito del huachicol, este 18 de junio Omar García Harfuch, reportó del aseguramiento de una instalación clandestina comparable a una mini refinería en Coatzacoalcos, y ayer  durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó el hecho como parte del reporte de resultados contra la delincuencia.

Por sus características y la operación que se realizaba en esa instalación en Coatzacoalcos, analistas, expertos en el sector energético, empresarios transportistas y actores políticos han expresado su opinion al respecto.

García Harfuch indicó que durante el cateo, los agentes federales confiscaron más de 500 mil litros de crudo, además de la infraestructura que fue construida para la

producción destinada al mercado ilícito de combustibles, lo que también se conoce como huachicoleo.

Cuando se anunció el decomiso el funcionario federal publico en su cuenta oficial de X, algunos detalles del operativo y los resultados del mismo:

“Derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, se identificó una operación clandestina, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales”.

Sheinmabun emite decreto para fortalecer estrategia de seguridad

Y considerando lo anterior, el día de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto implementa en el el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que faculta al titular de esa dependencia, Omar García Harfuch, a “dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y los programas, las políticas y acciones respectivas, así como someter a consideración y, en su caso, aprobación del titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Sectorial de Seguridad, las políticas tendientes a garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública” del país y “la política criminal general y la de drogas en lo particular”.

En el decreto se explica que la finalidad es “establecer las políticas, los mecanismos de planeación y programas, así como las medidas tendientes a prevenir y desactivar escenarios de riesgo y actos delictivos” que pudieran suscitarse que tengan relación con los centros penitenciarios.

La presidenta de México otorga facultades a Omar García Harfuch de vigilar que las actividades de análisis y de investigación policial desarrolladas por esa instancia, “tengan por finalidad generar y aportar mayores elementos para fortalecer las carpetas de investigación ministerial, procurando que los indicios, datos y elementos de prueba que se recaben sean admisibles en juicio, en coordinación con las instituciones de procuración de justicia”.

Detalla que para lograr lo anterior se establece la creación de tres subsecretarías, la de Inteligencia e Investigación Policial, la de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, y la de Prevención de las Violencias; 14 unidades, de carácter especializado, entre ellas, la encargada de investigar casos de delincuencia organizada, delitos de alto impacto como secuestro y extorsiones, delitos transnacionales, de investigación cibernética y operaciones tecnológicas, y 53 direcciones generales, entre las que destaca la de investigación de delitos de terrorismo, y la de operaciones estratégicas.

Este decreto, de igual manera amplia facultades para el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, esto consiste en  “fungir como enlace ante instancias internacionales, para conducir acciones tendientes al cumplimiento de sus atribuciones”, así como “instruir la implementación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de lograr la identificación, ubicación y captura de personas presuntas responsables en la comisión de hechos posiblemente delictivos”.

Así mismo,se faculta a la subsecretaría de Inteligencia a “auxiliar al Ministerio Público, cuando lo solicite, en la ejecución de técnicas de investigación, órdenes de localización, de aprehensión y de reaprehensión, y mandamientos con fines de extradición, así como en los demás mandamientos ministeriales y judiciales en la esfera de competencia de las unidades administrativas a las que estén adscritas”.

También el decreto de Sheinbaum pone especial atencion al área encragada de la “Atención a Víctimas Relacionadas con Personas No Localizadas”, para fortalecer sus facultades de “procurar que las víctimas y sus representantes legales tengan acceso oportuno, claro y completo a la información sobre las acciones realizadas en materia de búsqueda y localización, en estricto apego a los principios de transparencia, publicidad y a lo establecido en la legislación aplicable, respetando en todo momento los derechos humanos”, y “proporcionar, en su caso, atención sicosocial para familiares de personas no localizadas, en estrecha coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno”.

Se refuerza la lucha contra el huachicol

Actualmente se sabe que el huachicol genera pérdidas multimillonarias al Estado mexicano cada año, además genera otras situaciones no favorables o fuera del marco de la legalidad como poner en riesgo vidas humanas debido a explosiones o fugas, financiar al crimen organizado, afectar la economía formal y distorsionar los precios del mercado y en general debilitar la seguridad energética del país.

Por su gravedad, el huachicol es considerado un delito federal en México y desde 2018, el Gobierno ha intensificado su combate mediante operativos, reformas legales y nuevas estrategias de vigilancia y sanción.

Desde el comienzo de la administración de Sheinbaum se ha reforzado la vigilancia de las infraestructuras petroleras del país, involucrando el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Marina. 

A partir de este año estas fuerzas han intensificado su presencia en zonas consideradas focos rojos, como los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guanajuato, donde se concentran numerosos tomas clandestinas.

El gobierno federal ha destacado como de los avances más significativos de este año ha sido la integración de tecnología de monitoreo satelital, sensores de presión en ductos y sistemas de inteligencia artificial para detectar fugas o alteraciones en tiempo real, permitiendo así una respuesta más rápida ante actividades sospechosas, reduciendo considerablemente los tiempos de reacción y aumentando la tasa de aseguramientos.

Entre otras acciones, el gobierno ha reforzado la persecución financiera de las redes dedicadas al huachicol, congelando cuentas bancarias, asegurando vehículos y deteniendo a líderes de bandas criminales vinculadas al robo de hidrocarburos, se ha puesto enfasis en desarticular no solo las operaciones en campo, sino también las estructuras logísticas y de distribución que permiten la comercialización ilegal del combustible.