Apuntar hacia los sospechosos de siempre no cambia la esencia de la crisis, porque no elimina el problema que tiene el régimen con el gobierno de Donald Trump.
No hay que desviarse: la crisis política que vive el régimen obradorista –gobierno y partido– no es producto de una “campaña” de la derecha internacional, ni de la oposición, ni de los medios de comunicación. Tampoco la acusación en Manhattan contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por haber recibido dinero y apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021. Los señalamientos de complicidad de líderes de Morena con el crimen organizado no tienen punto de partida en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino en el de Andrés Manuel López Obrador.
Apuntar hacia los sospechosos de siempre no cambia la esencia de la crisis, porque no elimina el problema que tiene el régimen con el gobierno de Donald Trump. Ahí está su fondo, no con figuras secundarias para el tamaño del conflicto que vive Palacio Nacional, que solo funcionan para victimizarse, ganar tiempo y distraer al público de las implicaciones de la acusación en Estados Unidos: líderes de Morena y del régimen cercanos a López Obrador, cómplices del crimen organizado, ¿y cuántos más podrían encontrarse en la misma situación?
La oposición es inexistente. La mayoría son ratas asustadas porque están amenazados con sus expedientes criminales o porque, carentes de ética, buscan aliarse con lo peor de Morena para acceder al poder. ¿La derecha internacional? Vamos. Como decía López Obrador, al régimen le hace lo que el viento a Juárez. ¿Los medios? No son agentes de cambio y su papel alcanza solo para movilizar a quienes sí lo son: el caso clásico es Watergate, donde The Washington Post no derrocó al presidente Richard Nixon, pero movilizó al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia, que lo obligaron a renunciar.
La calificación a esos grupos como “traidores a la patria” es un discurso amenazante, que también refleja miedo al haber sacado de la ecuación a quien realmente los metió en este trance, Estados Unidos. Al mismo tiempo, sirve para esconder acciones y decisiones para apaciguar a Washington. Como botones de muestra:
1.- La presidenta insistió ayer en que la operación en Chihuahua de la CIA violó la Ley de Seguridad Nacional. Es correcto. La violación fue flagrante porque se hizo a espaldas del gobierno federal. Procedía el juicio de procedencia contra la gobernadora Maru Campos, pero no se hizo; la exoneró el gobierno federal. Procedía, cuando menos, expulsar al jefe de la oficina de operaciones de la CIA que se encuentra en el consulado estadounidense en Monterrey, y tampoco se hizo nada. Las operaciones coordinadas continuaron, y la CIA les regaló la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, colocándose el gobierno la medalla.
2.- La presidenta dijo que el embajador Ron Johnson se había entrometido en los asuntos internos de México, lo cual es absolutamente cierto. No se recuerda una injerencia en tiempos de paz de un embajador estadounidense tan grande como la de Johnson, en su discurso en Los Mochis hace 10 días. Sheinbaum redujo todo a “declaraciones desafortunadas”. Por mucho menos, el presidente Felipe Calderón pidió el retiro del embajador Carlos Pascual, cuando se revelaron en Wikileaks –de manera ilegal–, cables diplomáticos del embajador con el Departamento de Estado –memorandos confidenciales–, donde lo calificaba de “lento” y con “aversión al riesgo”.
3.- La acusación contra Rocha Moya fue recibida con una catarata de discursos nacionalistas y señalamientos de que no había pruebas, tergiversando la petición de captura provisional con fines de extradición. Pero forzaron al gobernador a pedir licencia y a que el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, dijera que el fuero se elimina al dejar la función, sugiriendo que podían detenerlo en cualquier momento. La presidenta no llegó a ese punto, pero fueron pasitos para adelante, como en su mañanera de ayer, donde cambió los acentos incendiarios por tonos menos beligerantes.
La violencia retórica tuvo su expresión catártica en la derecha internacional, la oposición y los medios de comunicación. Pero ¿“traidores de la patria”? ¿Qué hicieron para merecer la acusación y recibir algunas amenazas de la presidenta? Traidor a la patria es un señalamiento que se le aplica, objetivamente hablando, al expresidente López Obrador. Con la política de “abrazos, no balazos”, ¿quién traiciona más a la patria: quienes pactan con los criminales o quienes los exhiben?
Estos dos planos no son equivalentes, pero sirven para efectos de argumentación. Tolerar o pactar con organizaciones criminales implica ceder funciones esenciales del Estado: el monopolio de la fuerza, la impartición de justicia, la rectoría sobre la economía, atribuciones fiscales y, sobre todo, la soberanía territorial. En términos técnicos, es una erosión deliberada del Estado de derecho. No fue algo retórico, sino un diseño de poder. “Abrazos, no balazos” se vendió como una estrategia humanista, pero en la práctica derivó en una asimetría operativa. El Estado se replegó en múltiples regiones mientras los grupos criminales expandieron control social, económico y territorial.
Traición a la patria, en su sentido más estricto, implica colaborar con actores que socavan la integridad del Estado. ¿Lo hicieron los sospechosos de siempre? Al contrario. No era ninguno de ellos, sino funcionarios del régimen quienes, directa o indirectamente, facilitaron condiciones para que los grupos criminales operaran con impunidad. Rocha Moya lo hizo. Hernán Bermúdez Requena, con La Barredora y sus implicaciones con el Grupo Tabasco, está en el mismo supuesto.
La discusión, como se está planteando, no es moral sino institucional. El señalamiento desde el poder y convertir en adversarios a los medios, contra quienes fue el énfasis, insinuando complicidades para erosionar su credibilidad y sacar la jauría, cumple una función política clara: desviar el foco. Cuando el debate gira hacia los medios, deja de girar hacia el núcleo del problema. En un ecosistema de narcopolíticos como el que vivimos, el periodismo no es el problema; es el termómetro. Puede fallar, sí. Puede exagerar o quedarse corto. Pero no sustituye decisiones de Estado ni define estrategias de seguridad.
Las acusaciones pueden ser prolegómeno de acciones legales de otra naturaleza, como ha venido utilizando Morena a los tribunales para inhibir la crítica y la libertad de expresión, pero al final, más allá de cuántos pudiéramos quedar en el camino, el problema no desaparecerá.
El régimen podrá cantar victorias pírricas, que solo ocultarán su frustración, porque la bestia que tienen como enemigo enfrente no se detendrá y, para quien no esté libre de culpa, sus días en libertad están contados.
