Nuevo escándalo de corrupción en Veracruz hoy, 20 de mayo: Una investigación de AVC Noticias revela cómo la SICT estatal adjudicó obra a una firma inexistente, sumándose a la larga lista de desfalcos.
Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a Veracruz este martes 20 de mayo. Una investigación periodística ha revelado que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado otorgó un contrato millonario a una empresa fantasma para la construcción de una carretera, obra que finalmente quedó abandonada. Este hecho se suma a la oscura herencia de desfalcos de administraciones pasadas.
La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre la administración pública en Veracruz. Una investigación de AVC Noticias, difundida este martes 20 de mayo de 2025, ha destapado un presunto nuevo caso de desvío de recursos públicos a través de la adjudicación de contratos a empresas fantasma. En esta ocasión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a nivel estatal es la señalada por haber otorgado un contrato millonario para la construcción de una carretera a una firma que, según los indicios, carece de existencia real y capacidad técnica, resultando en el abandono de la obra.
Este esquema no es nuevo en la entidad. El reporte periodístico vincula este hallazgo con los numerosos desfalcos documentados durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, un periodo caracterizado por el uso sistemático de empresas fachada para desviar miles de millones de pesos del erario público. La persistencia de este modus operandi sugiere que los mecanismos de control, licitación y fiscalización en el estado siguen presentando serias vulnerabilidades o siendo permeables a la corrupción, años después de aquellos escándalos.
Impunidad y un Sistema de Justicia Cuestionado
La revelación de este nuevo caso de una carretera fantasma cobra mayor gravedad al considerar el contexto de impunidad que prevalece en Veracruz. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el estado de Veracruz solo ha logrado judicializar un preocupante 22% de las denuncias presentadas por daño patrimonial. Esta cifra tan baja evidencia las dificultades del sistema de justicia para investigar, procesar y sancionar eficazmente los actos de corrupción, lo que sin duda alienta la repetición de estas prácticas delictivas.
«El bajo porcentaje de judicialización de denuncias por daño patrimonial (22% según ASF) refleja un sistema de justicia con serias deficiencias en Veracruz.»
El impacto de estos actos de corrupción va más allá de las cifras millonarias. Una carretera abandonada, como la que refiere la investigación, se traduce en comunidades aisladas, desarrollo frenado, y recursos públicos tirados a la basura, afectando directamente la calidad de vida de los veracruzanos y la competitividad del estado.
Un Panorama Complejo para la Justicia en Veracruz
Este nuevo escándalo se da en un entorno donde la confianza en las instituciones de seguridad y justicia ya se encuentra erosionada por otros factores. Veracruz, según se ha reportado, acumula una decena de ataques contra funcionarios municipales en tiempos recientes , y el mes de abril concluyó con cinco casos graves de violencia contra las mujeres , situaciones que demandan una respuesta contundente del Estado.
Además, se espera que la Secretaría de Marina (Semar) ofrezca (o ya haya ofrecido) una disculpa pública a Claudia, una ciudadana veracruzana que fue torturada y acusada sin pruebas. Este tipo de hechos, donde se evidencian abusos por parte de autoridades, minan aún más la credibilidad del sistema.
La corrupción y la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos parecen ser dos caras de una misma moneda en Veracruz: un sistema de procuración e impartición de justicia que enfrenta serios desafíos para cumplir con su mandato. Estos problemas estructurales tienen consecuencias de largo alcance para la gobernabilidad, el desarrollo económico y la paz social en la entidad. La violencia electoral que actualmente se vive en el estado, con agresiones y amenazas a candidatos, podría, en parte, estar alimentada por este ambiente de impunidad, donde los actores criminales y corruptos perciben que sus acciones tienen pocas o nulas consecuencias.
La sociedad veracruzana espera que esta nueva denuncia de corrupción sea investigada a fondo y que, a diferencia de muchos casos anteriores, se llegue hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables y recuperar los recursos desviados.
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