El ‘impuesto geopolítico’ que podemos padecer en todo el mundo, incluido México, no sólo lo paga el consumidor, también pueden acabar pagándolo las finanzas públicas y toda la economía.

No hace falta que un Congreso apruebe un nuevo gravamen para que el mundo empiece a pagar más. A veces el ‘impuesto’ llega por otra vía: una guerra. Eso es lo que va a suceder tras el ataque de Trump a Irán.

Se trata de un ‘impuesto invisible’ que no aparece en ninguna ley, pero sí en el precio del petróleo, en los seguros marítimos, en los fletes, en las expectativas de inflación y, por supuesto, en el tipo de cambio.

Retomo aquí una idea del economista sueco Erik Berglöf, lo que él llamó “impuesto geopolítico”.

Los mercados lo registran como prima de riesgo, pero la diferencia importa: una prima de riesgo se cotiza en un mercado y puede cubrirse; un impuesto se traslada a toda la cadena y no se puede esquivar.

El mecanismo es relativamente simple. Si el conflicto afecta al Estrecho de Ormuz —por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial—, la presión no recae sólo sobre un insumo: recae sobre una arteria de la que depende buena parte del crudo y del gas natural licuado del planeta.

El Brent, que el viernes previo al ataque cotizaba en 72.48 dólares, tocó este martes los 85.10, su máximo en 52 semanas. El WTI superó los 76 dólares. No es un sobresalto de un día: es la tercera sesión consecutiva de alzas fuertes.

Pero el problema ya rebasó a Ormuz. Ayer, Irán atacó la refinería saudita de Ras Tanura —dejó 550 mil barriles diarios fuera de línea—, las instalaciones de almacenamiento de Fujairah en Emiratos y el puerto de Salalah en Omán. Fujairah es precisamente la ruta alternativa para esquivar el Estrecho: el principal hub de almacenamiento del Golfo. Cuando se golpea la ruta principal y también ‘el bypass’, el impuesto crece.

Ese es el punto central. El problema no es únicamente energético. Es un aumento general de costos que, como ya le hemos comentado desde hace varios días, se filtra al resto de la economía.

Sube el combustible, sube el traslado de mercancías, sube la presión inflacionaria y sube también la cautela de los bancos centrales para reducir tasas de interés.

La prestigiada firma de análisis e investigación de Wall Street, Bernstein Research, ya elevó su estimación del Brent para 2026 a 80 dólares, con un escenario extremo de 120 a 150 si el conflicto se prolonga.

Deutsche Bank habla de ¡200 dólares! En caso de que Irán consiga imponer un cierre total con minas y misiles antibuque.

Lo sabe el gobierno de Estados Unidos, y por eso ha pedido que se escolte por el Estrecho de Ormuz a los buques petroleros.

Vista así, la guerra funciona exactamente como un impuesto.

Nadie lo vota, pero todos lo pagan. Lo paga el consumidor cuando aumenta el precio de la gasolina. Lo paga la empresa cuando se encarece su operación. Lo pagan los bancos centrales cuando se complica el combate a la inflación. Y lo pagan los mercados emergentes cuando el dólar se fortalece y la aversión al riesgo golpea monedas y activos financieros.

Los números de ayer lo confirman. El peso estaba ayer por la tarde en 17.68 por dólar, con una depreciación de 2.03 por ciento, su peor jornada desde abril de 2025.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 4.74 por ciento.

Globalmente, el dólar se apreció como refugio, el gasoil europeo saltó más de 11 por ciento y el gas holandés se disparó a máximos de cuatro años.

Esa es la ruta por la que un conflicto regional se convierte en un problema económico global.

Y esa es también la razón por la que el dato realmente importante no es el del primer día de hostilidades, sino el de su duración.

Un sobresalto breve genera volatilidad. Un conflicto prolongado genera algo más serio: un recargo persistente sobre crecimiento, inversión y estabilidad financiera.

JPMorgan advierte que una guerra de más de tres semanas agotaría la capacidad de almacenamiento del Golfo y forzaría cierres de producción.

Para México, el efecto no es lineal. Un mayor precio del crudo puede traducirse en ingresos petroleros adicionales, pero sería un error pensar que el país recibe limpio ese beneficio.

México no es sólo exportador de petróleo; también es importador de combustibles y una economía altamente sensible a choques de inflación, de tipo de cambio y de confianza.

La presidenta Sheinbaum confirmó que el gobierno activará, si es necesario, el estímulo al IEPS para evitar que el alza del crudo se traslade al precio de las gasolinas, como ocurrió en 2022 con la guerra en Ucrania.

Pero ese mecanismo tiene un costo: cada peso que se deja de cobrar en IEPS es un peso menos de recaudación, justo cuando el margen fiscal no es amplio y la inversión ya venía frenada por la revisión del T-MEC, la desaceleración y la cautela empresarial.

El ‘impuesto geopolítico’ que podemos padecer en todo el mundo, incluido México, no sólo lo paga el consumidor, también pueden acabar pagándolo las finanzas públicas y toda la economía.

Y eso, en un año de por sí estrecho, no es un tema menor.